Pena ajena: Defensoría del Pueblo

En corto periodo de gestión, aproximadamente dos años, la figura de Ombudsman (defensora del Pueblo), en esta oportunidad, se encuentra en un torbellino de escándalos, producto de posibles manejos inadecuados y desatinados en la administración de los recursos asignados a la institución.

Cabe destacar, que la figura en mención, fue seleccionada bajo los parámetros establecidos de ley y a criterio del Poder del Estado correspondiente, Asamblea Nacional.

Se dio la postulación de diversos profesionales del Derecho e inclusive, existiendo la factibilidad de que hubo participantes, tanto varones como mujeres panameñas, con preparación académica, trayectoria y perfil con conocimientos e inclusive en la Administración Pública, teniendo que manifestar que, de haberse tomado en consideración la seriedad de la selección, no estuviéramos quizás presenciando tan deplorable espectáculo bochornoso y que realmente gran parte de la población femenina e inclusive juventud, futuros profesionales de este país, sufriendo pena ajena, sobre todo, las mujeres profesionales, que somos un porcentaje importante de la población.

En nuestros país, como en diversas regiones, las mujeres nos debemos esforzar y prepararnos cada día más, para quizás ser consideradas para ocupar posiciones de decisiones en el desarrollo de políticas públicas e inclusive administración de justicia, para ser clara, en los poderes del Estado.

El esforzarse por lograr peldaños académicos y desarrollo humano, jamás puede dejar de ser importante, aunque bajo esta selección, ese fue el sentir generalizado, debiendo indicar que la educación y experiencia son elementos esenciales en el engrandecimiento y crecimiento de los pueblos, desde toda plataforma social, jurídica y económica en donde el solo elemento responsabilidad de nuestros actos, es el resultado obligante del conocimiento.

En la Defensoría del Pueblo, como parte de los posibles manejos inadecuados, se encuentran contrataciones de servicios, los cuales es factible que cumplieron con lo establecido por regulaciones en cuanto a los montos permisibles, pero solo el hecho de carencia de credibilidad y de transparencia en posibles reales costos de lo contratado, ya es óbice del daño sustancial en el pilar de la institución que debe defender a los ciudadanos en cuanto a sus derechos inalienables, LA ÉTICA Y SERIEDAD.

Está próxima la posibilidad de sustentarse con resultados, que la preparación, la trayectoria y el respetar perfiles específicos, reitero, para determinados cargos en la Administración Pública, no es excluir a nadie, ya que en ocasiones se utiliza como elemento asociado la lástima y no se trata de ello; es entender que los logros de seriedad y credibilidad en las instituciones democráticas son producto del desarrollo y se deben atender con la mesura que amerita. ‘Mi Panamá se lo merece’.

JURISTA Y CATEDRÁTICA UNIVERSITARIA.