¿Qué podemos hacer para erradicar la pobreza infantil en Panamá?

El domingo pasado reflexionábamos sobre una realidad que debería interpelarnos: uno de cada tres niños, niñas y adolescentes vive en pobreza monetaria en Panamá; más de 482 mil menores de edad y, de ellos, uno de cada seis en pobreza extrema. Esas cifras no necesitan más explicación. Lo que necesitamos ahora es preguntarnos qué podemos hacer para cambiar esta realidad.

La respuesta no puede reducirse a entregar ayudas económicas. Las transferencias son indispensables para proteger a las familias frente a la pobreza inmediata, pero erradicar la pobreza infantil exige transformar las condiciones que la producen y reproducen, ampliar la protección social, garantizar servicios básicos y convertir los compromisos en decisiones y resultados.

El primer paso es fortalecer la protección social para que ninguna familia con niños quede desamparada frente a una situación de pobreza o vulnerabilidad. Las transferencias monetarias y otros mecanismos de apoyo deben ser eficaces, suficientes, transparentes y capaces de responder a las características de cada hogar.

Pero debemos tener claro que una transferencia puede aliviar la pobreza, pero difícilmente puede por sí sola sacar a una familia de ella. Para eso necesitamos generar capacidades y oportunidades.

Y aquí la primera infancia ocupa un lugar central. Nutrición adecuada, atención de salud, vacunación, estimulación temprana, y protección son inversiones que inciden directamente sobre las oportunidades futuras de cada niño.

También debemos actuar sobre las condiciones que rodean la vida cotidiana de los niños. La pobreza se expresa en la calidad de la vivienda, el acceso al agua segura y saneamiento, la alimentación, la atención de salud, la educación, la conectividad, el transporte y las oportunidades económicas de las familias.

Estos determinantes sociales no actúan de manera aislada. Se acumulan y pueden reforzarse entre sí. Por eso, una política efectiva contra la pobreza infantil debe abordarlos de manera integral y no mediante programas que funcionen independientemente unos de otros.

Erradicar la pobreza infantil requiere mucho más que un programa o una transferencia. Exige articular protección social, salud, nutrición, educación, vivienda, agua, saneamiento, empleo y desarrollo territorial alrededor de un objetivo común, respaldado por presupuesto, coordinación, información y evaluación.

Si bien hemos avanzado en la reducción de varias dimensiones de la pobreza multidimensional, ese avance no es suficiente. Debe servirnos para reconocer que es posible mejorar, pero también para redoblar esfuerzos, porque reducir la pobreza no significa haberla erradicado, y mucho menos haber resuelto la pobreza infantil.

Por esa razón, la primera infancia debe asumirse como una prioridad nacional de desarrollo humano, articulando los servicios que hoy suelen funcionar de manera separada. El desafío es evitar que las desventajas de los primeros años se acumulen y condicionen toda la trayectoria de vida.

La educación debe cumplir igualmente una función compensadora. La pobreza familiar no debería convertirse en una sentencia educativa para los hijos. Esto implica fortalecer la educación inicial, mejorar la calidad de los aprendizajes, reducir las brechas, garantizar la permanencia escolar y desarrollar competencias que permitan continuar estudiando o acceder posteriormente a un trabajo digno.

Una educación de calidad es fundamental para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Pero tampoco podremos avanzar si los adultos responsables de los hogares carecen de oportunidades para generar ingresos suficientes. Necesitamos promover empleo digno y productivo, formación para el trabajo, inclusión económica, apoyo a las actividades productivas y desarrollo de las economías locales.

Una familia puede recibir una transferencia hoy, pero necesita oportunidades reales para construir autonomía económica mañana. Por eso, la política social y la política económica no pueden caminar por caminos separados.

La información territorial debe ocupar un lugar central en esa tarea. Si sabemos dónde se concentran las mayores carencias, podemos orientar hacia allí mayores esfuerzos y recursos. Eso no significa discriminar: significa aplicar el principio de equidad, asignando más donde las necesidades y las desventajas son mayores.

Aunque contamos con información desagregada por corregimientos, el desafío es convertir esos datos en decisiones concretas: ¿dónde están los niños más pobres?, ¿qué carencias enfrentan?, ¿qué recursos estamos destinando?, ¿qué resultados estamos obteniendo? y, sobre todo, ¿qué debemos cambiar cuando una política no funciona? No basta con ejecutar programas. Tenemos que saber si están mejorando efectivamente las condiciones de vida de los niños y sus familias.

Panamá conoce buena parte de sus brechas y dispone de instrumentos para medirlas y experiencias que demuestran que es posible avanzar. Lo que necesitamos ahora es convertir esa información en prioridades y esas prioridades en resultados. Porque un país no se construye solamente con crecimiento económico, sino ampliando las oportunidades de quienes nacen con menos. Erradicar la pobreza infantil comienza garantizando que el lugar donde nace un niño no determine su futuro.