Un verdadero plan ambiental para Panamá

La terrible realidad de la ineficacia del ambientalismo panameño se dibuja desde hace tiempo: la dirección que ha llevado la institucionalidad ambiental, solo ha servido para crear y mantener una burocracia gestora de exuberantes recursos económicos que trata el tema, pero que ha fracasado, con el propósito de que el sistema legal diseñado y construido (en gran parte por ella misma), se cumpla. Lo contrario, hoy se tiende a un incumplimiento atroz, omisión selectiva de funciones, desinformación para defender la imagen de funcionarios y desidia generalizada.

Al final del día, la meta trazada de los participantes en la burocracia ambiental panameña, pública y privada, hoy dirigida por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), no es el mejoramiento del entorno, sino la creación y el trámite de permisos para la legitimación selectiva de actividades impactantes al ambiente, mediante una numerosa cantidad de instrumentos (políticas, estudios de impacto ambiental, declaraciones de áreas protegidas, decretos, resoluciones, concesiones, mapas, procedimientos y un eterno etcétera). Cambian los actores, pero los intentos de trabajar en materia ambiental, siguen el mismo patrón perenne, mientras que la calidad del ambiente del país, disminuye alarmantemente.

Es preciso un cambio en el orden de prioridades de quienes administran el ambiente panameño, reconectando lo establecido por la Ciencia, la Academia y el Derecho, con la utilización de esos instrumentos, que en la actualidad suelen favorecer a los sectores políticos y económicos que gravitan cerca o se enquistan dentro del Poder.

Sin aquella reconexión, los esfuerzos de gestión ambiental no sirven de nada, como en efecto, hoy día no están sirviendo, más que para justificar desmanes ecológicos de todo tamaño.

Para remediar lo anterior, el o la encargada del MiAmbiente del próximo Gobierno debe tomar en cuenta lo siguiente:

• Gestión por objetivos: Abstenerse de inventar y moderar las medidas reactivas para ‘salvar cara'. La planificación quinquenal existente, debe orientarse a tener objetivos impactantes positivamente al entorno que sean medibles, tangibles y demostrables ante terceros, el nivel llegado hasta el cometido que se señale, también debe medirse con base en los esfuerzos realizados. Aquellos objetivos, no obstante sean muy propios de la siguiente administración, deben contar con un fuerte elemento participativo, aumentando así su legitimidad y así, la cooperación de los diversos sectores.

• Cumplir con lo señalado por la Ley: No incumplir ni omitir las atribuciones, funciones, competencias y quehaceres de MiAmbiente, que suele estar interconectada legalmente con la de otras instituciones, y con base en ello, completar la planificación mencionada para cumplir, en justa proporción, los objetivos arriba establecidos.

• Ejecución de un devenir eficiente y eficaz de los procesos: Los procedimientos a ejecutarse, deben orientarse a los objetivos de sostenibilidad, racionalidad y precaución que señalan la Constitución, la Ley y los principios internacionales sobre la materia, sin perjuicio de la transparencia, buen Gobierno y ética del servidor público. Esto pasa por incorporar prácticas procesales justas y el respeto a los términos existentes en los reglamentos. Los pendientes documentales deben evacuarse con prioridad, no eternizarse en las gavetas de los funcionarios.

• Funcionariado eficiente y preparado: La incorporación de los funcionarios de MiAmbiente al régimen de carrera administrativa es indispensable, asegurar la capacitación y la instrucción formal, también evaluaciones periódicas y el conocimiento del Código de Ética del Servidor Público. Fomentar la creación del Tribunal Ambiental Administrativo, para que la multa y sanción gubernativa no sea herramienta política discrecional, e impulsar el Código de Ambiente de la República, completo, revisado y bien divulgado, conocido por todos los funcionarios internos y sectores externos.

• Revisión constante de la legislación hacia modelos de mayor justicia: Debe existir la revisión periódica de la legislación ambiental y sus reglamentos, de acuerdo con la gran cantidad de compromisos internacionales asumidos por la República de Panamá en materia ambiental, hoy ignorados. No pueden dejarse de cumplir los reglamentos relativos a las normas de calidad ambiental, su continua revisión y ejecución, debe seguir.

• Establecer una relación sana con el sector privado: Lo ambiental debe influir positivamente en la economía, los vínculos resultantes deberían resultar favorables al sector forestal, pesquero y agropecuario, entre otros, orientando a todos hacia prácticas de aún mayor sostenibilidad. Se debe revisar periódicamente la incidencia de las intervenciones ambientales en la empresa privada para la aplicación de diferentes incentivos que reduzcan los costos que estas intervenciones provocan.

• Liderar una Economía Ecológica: En el ámbito de los consultores y auditores ambientales, incluyendo a biólogos, sociólogos, economistas, físicos, químicos, veterinarios, además de inversores, gestores de proyectos, especialistas, innovadores, investigadores, empresas consultoras, organizaciones no gubernamentales, planificadores y demás profesionales, todos requieren de un verdadero dinamismo y liderazgo en MiAmbiente para movilizar su contribución a la economía del país. Esto debe ser tomado en cuenta por los servidores públicos en todo momento.

• Poner a funcionar a la interinstitucionalidad: En materia de ordenamiento territorial, educación ambiental dentro de los planes de estudios en general, energía, estrategia marítima nacional, descentralización, salud pública, recursos acuáticos, estímulos agropecuarios, recursos minerales y demás temas, MiAmbiente debe garantizar la sostenibilidad de las acciones estimuladas por el Estado, no justificar errores. La incorporación de los instrumentos económicos de estímulo ambiental necesita una interacción sin precedentes con las autoridades económicas, los municipios y el Parlamento. En cuanto a la cooperación con otros Órganos del Estado o jurisdicciones especiales, el intercambio de experiencias y el respeto a los procedimientos establecidos es indispensable.

• En materia de protección, conservación de bosques y áreas protegidas: Las medidas existentes deben organizarse a través de una gobernanza que permita su utilización sostenible. Tal utilización deberá adecuarse a lo que la ciencia determine de acuerdo con la capacidad de carga y de regeneración de los ecosistemas, incluyendo los marinos y costeros. Se deben estimular las concesiones a título oneroso o gratuito en las áreas protegidas y estimular la utilización de terrenos privados en ellas, de forma compatible con el entorno, todo priorizando el mantenimiento de la riqueza natural en el área, instituir la cooperación activa con las comarcas indígenas. Es decir, hacer lo necesario para que la naturaleza del país, retome su equilibrio.

• Honestidad, respeto absoluto por los derechos humanos, participación y transparencia: Eliminar del imaginario, cualquier disminución de derechos de alguien. No engañar, marear o prolongar una situación injusta a una persona o grupo de personas ‘para salir de ellos', aparentando que ‘se les atendió'. No puede pretenderse proteger el ambiente, que es un derecho humano, desconociendo a los demás derechos humanos, que van desde la dignidad de la persona, hasta la propiedad privada. En fin: Recordar y hacer recordar que los sujetos y objetos de la Administración Pública son los ciudadanos, no la defensa de la Institución en detrimento de los derechos de aquellos.

Este decálogo, que no es exhaustivo, podría reenrumbar la acción de la institucionalidad existente, para que en lugar de fortalecer la insostenibilidad, se logre finalmente revertir la tendencia a la destrucción del hábitat panameño. Esto requerirá de una cota de liderazgo enorme y unos esfuerzos muy grandes de parte pública y privada, pero bajo la idea de que todos los humanos nacemos buenos y que somos parte de un solo ambiente, podrá germinar la cooperación necesaria para la superación de estos caros objetivos.

ABOGADO AMBIENTALISTA.