Plástico, ¿bueno o malo?: ciencia, comercio y rigor en Panamá

Fui al mercado el otro día y vi algo sencillo: una empanada envuelta en un contenedor que lo mantenía caliente y seguro para llevar. Para millones de panameños, esos envases son utilitarios, asequibles y, hasta hace poco, parte normal de la vida diaria. La discusión pública reciente, sin embargo, ha convertido a la palabra “plástico” en sinónimo del mal. Ese simplismo es peligroso. Panamá necesita políticas ambientales con rigor técnico y visión internacional, no gestos que confunden símbolos con soluciones.

Empecemos por lo básico y sin tecnicismos innecesarios: no todos los plásticos se comportan igual. Algunos fueron diseñados para persistir durante décadas y, por ello, merecen restricciones. Otros, en cambio, incorporan avances científicos destinados a reducir su permanencia ambiental. La oxobiodegradación es un ejemplo de esto último y vale la pena explicarlo. Se trata de una estrategia en la que el plástico, mediante aditivos específicos y ensayos técnicos, sufre una primera etapa que facilita su fragmentación controlada, y una segunda en la que microorganismos pueden degradar esos fragmentos hasta integrarlos en ciclos naturales. La idea clave es evitar la conversión del plástico en microfragmentos permanentes, en “microplásticos”. Bien aplicada y verificada, esta tecnología elimina la persistencia del residuo.

Ese matiz técnico es la razón por la cual resulta absurdo mezclar, sin criterio, debates distintos en un solo paquete normativo. El poliestireno expandido (EPS/XPS), por ejemplo, tiene propiedades que lo hacen útil como aislante térmico y protector en la cadena alimentaria, pero su estructura y uso en espuma lo hacen menos compatible con algunas rutas de degradación. Confundir la regulación sobre EPS/XPS con la de plásticos diseñados para oxobiodegradarse es equivalente a legislar sobre calzado prohibiendo, simultáneamente, tenis y botas, porque ambos son “zapatos”, sin distinguir su función o materiales y generando, con ello, errores legales perjudiciales.

¿Por qué esto nos debería preocupar como país abierto al comercio y la inversión? Porque Panamá no legisla en un vacío: es un nodo logístico y comercial internacional que mantiene acuerdos y relaciones con productores y mercados donde una norma técnica como la ASTM D6954 debería ser aceptada como instrumento para evaluar procesos de oxobiodegradación. Si nuestra normativa doméstica prohíbe de manera genérica todos los plásticos o descalifica estándares técnicos reconocidos en economías como la de Estados Unidos o el Reino Unido, corremos el riesgo real de crear barreras no arancelarias. Es decir: obstáculos al comercio que no son impuestos por aranceles, sino por requisitos técnicos localmente incoherentes, y que pueden distorsionar relaciones comerciales y dañar la reputación país. Estas barreras no arancelarias suelen traducirse en retrasos en aduanas, costos de certificación duplicados y posibles reclamaciones ante foros multilaterales, lo que a la larga encarecería importaciones y reduciría la competitividad del país. Además, la ausencia de reconocimiento mutuo de normas técnicas impediría la homologación de productos y obligaría a los fabricantes a multiplicar ensayos, lo cual es especialmente gravoso para las PYMES.

Comercio y medio ambiente no son antagonistas; son disciplinas que deben compatibilizarse con información y prudencia. Una política responsable exige una neutralidad tecnológica para evaluar materiales por evidencia, exigir ensayos acreditados, y distinguir lo que, realmente, contamina de lo que es innovación ambiental. Prohibir en bloque, por motivos retóricos o por “moda antiplásticos”, es una decisión que castiga a productores nacionales, encarece la canasta básica y obliga a pequeñas y medianas empresas a asumir costos de reconversión que muchas no podrán pagar. Además, envía al mundo una señal negativa sobre nuestra capacidad para legislar con criterio técnico en materias especializadas.

Desde una perspectiva internacional y geopolítica, la cuestión tiene doble filo. Si Panamá se separa de normas técnicas reconocidas por socios comerciales relevantes, no solo complica importaciones y exportaciones: socava la confianza en el sistema regulatorio panameño. Para un país que se proyecta como hub logístico, inversor y centro de servicios, perder credibilidad técnica es un coste estratégico. La respuesta no es renunciar a la protección ambiental, sino incorporar estándares verificables, promover laboratorios acreditados y practicar una política de transiciones razonables que permita evaluar e incorporar soluciones como la oxobiodegradación por su eficacia. Es imprescindible implementar mecanismos de reconocimiento mutuo de normas, programas de certificación nacional alineados con estándares internacionales y planes de acompañamiento para la adaptación industrial. Estas medidas permiten conciliar la protección ambiental con la competitividad y dan señales claras a inversionistas y socios comerciales.

La crítica que conviene hacer al impulso legislativo reciente, promovido por el diputado Tito Afú, no es de principio, sino de método. Si la ciencia ofrece caminos para que ciertos plásticos dejen de ser residuos persistentes, debemos conocerlos, probarlos y regularlos con criterios claros. Si un material, -por su química y uso-, no puede beneficiarse de esa ruta, entonces corresponde regularlo con medidas específicas y proporcionadas. Confundir ambos casos y aplicar la misma ¨tijera¨ a todo el sector equivale a abandonar la política pública a la demagogia.

Panamá puede, y debe, ser pro ambiente y pro comercio al mismo tiempo. Eso implica legislar con evidencia, proteger la salud pública y, a la vez, evitar decisiones que transformen la política ambiental en excusa para cerrar mercados o castigar la innovación. El desafío es exigir pruebas, certificar procesos y articular una política que incentive soluciones verificables, no que se deje llevar por la moda. Solo así protegeremos el ambiente sin sacrificar la competitividad y la credibilidad internacional del país.