Política criminal en tiempo electoral

Pasado casi un mes del inicio de la contienda electoral nos encontramos todos en vilo esperando los debates a fin de conocer las propuestas en sí de los respectivos candidatos y de esa manera comprobar celosamente si aquello que se nos presenta en el teléfono como algo verdadero o es solo percepción. ¿Acaso ya entendemos la importancia del voto informado en Panamá?

Estamos inmersos en un océano de propaganda electoral (especialmente en redes sociales); algunos discuten sobre quien tiene el mejor jingle (canción de campaña) o a quien rechazaron más en los pasados carnavales; vemos con preocupación que sin importar el cargo a elección, los candidatos no brindan mayor detalle de cosas que suenan por mera coincidencia, que nos traerán “mayor riqueza y menos criminalidad”, o de la “experiencia con la mano dura”, de emplear modelos extremos utilizados en El Salvador o más recientemente en el Ecuador; más otros prometiendo respuestas con poca incidencia en la lucha contra la criminalidad.

En un periodo electoral, resulta perfecto hablar del Derecho Penal del Enemigo (Feindstrafrecht), candidatos prometen respuestas extremas desprovistas de garantías penales y procesales contra toda persona calificadas o clasificadas como “enemigos” por ser personas indeseables, quizás hasta etiquetadas como terroristas.

Quien resulte electo en mayo de 2024 tendrá una difícil tarea de poner en rumbo un “barco a la deriva”, pues la “certeza del castigo” está en duda, desde la percepción del pueblo panameño, por lo que es necesario hacer un balance entre el conocimiento empírico de autoridades relacionadas con combatir la criminalidad y aquel centrado en lo epistemológico, utilizar herramientas centradas en la ciencia, pues somos de la opinión que la efectiva lucha y reducción de la criminalidad en nuestro país no sólo debe consistir en dar respuestas simbólicas centradas en la repetida oferta de crear nuevos delitos, el aumentar sanciones, o el copiar modelos, que no se ajustan a nuestro país.

Ya es hora de que se entienda que la respuesta no yace únicamente en el Código Penal o en el enjuiciamiento Penal, sino en aportes enfocados en Salud Pública y Educación, por lo que la Organización de las Naciones Unidas en el pasado ha considerado que una herramienta a considerar por parte de los Estados, en la lucha contra el crimen, es la prevención basada en el “conocimiento”, por lo que hay que llevar una lucha proactiva contra el delito, en concreto, sobre aquellos delitos que tienen mayor incidencia en cada provincia o sector de la población, brindándole las herramientas necesarias a la sociedad civil, para su identificación, prevención y denuncia.

No en vano “Saber es la mitad de la batalla”; las estadísticas nacionales confirman que podemos centrarnos en programas estatales enfocados en contener delitos cometidos con armas de fuego, delitos contra la integridad sexual, así por ejemplo, en delitos patrimoniales que emplean medios digitales para facilitar su comisión, hay aplicaciones tecnológicas para contener el crimen.

La lucha contra la criminalidad en Panamá tiene que ser más que improvisar retenes, o de aplicar modelos que desconozcan la realidad del fenómeno de la criminalidad local, por tanto, se requiere, de un proyecto de Estado en donde se reconozca que su alcance y objetivos es a corto, mediano y largo plazo.