Política alimentaria y producción nacional

Aún cuando nuestro país ha descollado durante la última década por mantener una economía sana frente a la crisis financiera internacional que afectó a la mayoría de los países del mundo, por lo cual logró el reconocimiento de grado de inversión internacional, todavía mantiene un considerable cordón de pobreza. Situación originada producto de desequilibrios sociales, causados por la implementación de corrientes políticas y económicas, que históricamente han creado polarización, fortaleciendo pequeñas elites en menoscabo de las grandes mayorías poblacionales.

A la faz de este escenario, la actual gestión gubernamental enfrenta uno de los retos más grandes de la administración pública, para lo cual debe focalizar una serie de estrategias que conlleven al desarrollo de programas y proyectos que vayan más allá del cumplimiento de promesa de un periodo presidencial; de forma tal que se instituya un verdadero cambio, encaminado al sostenimiento de políticas de Estado que favorezcan efectivamente el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

En aspectos de política pública, el presidente Martinelli expresó en su discurso de toma de posesión, el 1 de julio de 2009, en materia de reforma agraria y desarrollo agropecuario, acciones encaminadas a la titulación de tierras, así como a la promoción de más crédito al sector agropecuario y apoyar las granjas sostenibles.

Si bien estas acciones van encaminadas a lograr mayor generación económica, no es menos cierto que se requiere de un conjunto de acciones concatenadas con otros sectores que conlleven al desarrollo de proyectos integrales, que permitan la construcción de nuevos centros poblacionales y el fortalecimiento de los ya existentes, en diferentes áreas de la geografía nacional, que garanticen servicios básicos, den reales oportunidades de generación de ingresos para garantizar la independencia económica como mecanismo de sostén que coadyuve a la cohesión familiar y a controlar el constante flujo migratorio de áreas rurales a centros urbanos.

Mucho se habla de crecimiento económico, pero poco de seguridad y soberanía alimentaría, aún cuando nuestro nivel de consumo depende en gran medida de importaciones, consecuencia de la instauración del actual modelo de globalización. Ello implica que la disponibilidad de nuestra alimentación estará cada vez más supeditada a la oferta de productos y precios del mercado internacional. Así como a la especulación de los intermediarios en el mercado interno, quienes encarecen el precio de los alimentos en perjuicio del consumidor, resultado del abandono de nuestro sector agropecuario, limitando con ello el acceso a disponer de alimentos básicos esenciales para nuestra alimentación.

Esta situación debe llamar a la reflexión de nuestros gobernantes, en procura de visualizar estrategias que vuelvan su mirada al campo, y den cumplimiento al mandato constitucional que en su capítulo 6° Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, artículo 110, primer numeral indica: ‘Desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición que asegure la disponibilidad, el consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos adecuados’.

*ECONOMISTA Y EDUCADORA.