Productores del campo o ya basta de apoyos lastimeros

Cada vez que miro el escenario de nuestros productores de alimentos, vuelvo a observar realidad similar a la que se había agudizado en los años sesenta del siglo pasado y que llevó a la última reforma agraria que pudo ejecutarse en este país por los años setenta.

Luego de allí, lo atado fue paulatinamente desatado, hasta llegar a la tragedia que viven en la actualidad: mientras más pequeña es su escala de producción, más trágica su existencia. Acaparamiento de tierras por grandes productores y expertos de la especulación de la tierra, que empujan a los pequeños productores a emigrar o a cultivar suelos riesgosos -ya vimos lo que le ocurrió a los de Tierras Altas que cultivaban en elevaciones y sus cercanías-. Precios a sus productos que no les permiten crecer económicamente, pero que luego otros especulan haciéndonos comer caro a los que los consumimos. Desamparo por parte del Estado, que solo les sabe llegar con créditos que no fomentan el desarrollo, sino su dependencia crónica a entidades financieras.

El fenómeno de los precios, por ejemplo, está plenamente identificado, pero los banqueros internacionales que otorgan los préstamos con los que trabaja el Estado, imponen el criterio de “no atentar contra la competencia” que abanderan estos “agentes económicos”. En buen panameño, el Estado no solo sigue directrices de los banqueros del imperio -como les decía a los organismos de crédito internacional, uno de mis maestros en Economía política-, permitiendo que se mantengan precios deprimidos a las ventas de las pequeñas unidades productoras del campo, sino que se matriculó con los principios conocidos como neoliberales, mismos que superponen el ánimo de unos pocos, al derecho humano y natural de la alimentación.

El conocimiento estatal de este fenómeno de los precios se confirma cuando la propia unidad gubernamental que monitorea los precios informaba la semana pasada que, por ejemplo, el tomate “4 X 4”, pagado a $0.35 cada libra en la finca, se encontraba a $1.25 la libra en las urbes (precios al por menor en MERCA). O sea, estamos pagando casi un 270 % más de lo que recibieron los productores por este tipo de tomate. Me informaba un productor de Tierras Altas, que cuando se corrió la alarma de la escasez, en Bugaba estaban vendiendo la libra de cebolla en $0.65 y en el mercado urbano en ¡$2.00 cada libra!

A raíz de los desastres en el occidente del país, el Gobierno hizo el anuncio de otorgar una partida de $8.5 millones -menos que la partida extraordinaria de $20 millones para los diputados- para el financiamiento a productores perjudicados por esas tragedias.

Según se indicó, esos préstamos se darán al 2 % de interés, con un plazo de dos años de gracia para pagar. Visto así, suena muy atractivo, pero lo que me ilustran productores de pequeña escala de Tierras Altas es que ese monto cubriría a muy pocos y por regla general, los mismos suelen quedar más en manos de grandes productores que de los pequeños agricultores.

Tales apoyos no contemplan a los campesinos -quienes solo venden parte de su producción, porque el grueso de esta es para su autoconsumo- que igualmente han tenido pérdidas en sus cultivos. Estos, junto a los pequeños agricultores que venden toda su producción, representan prácticamente el 80 % de todos los que producen alimentos en el país. Los créditos no son diseñados para ellos. Los auxilios a este sector mayoritario, cuando los hay, son meros apoyos lastimeros.

Sin duda, para todo este sector, hace falta una auténtica reforma agraria que ponga en cuestión la forma como está distribuida la propiedad territorial, que en más de cuatro casos han sido acaparadas con base en chanchullos y leguleyadas que toman por sorpresa a los que cada vez tienen menos en el campo. Después se les responsabiliza de ocupar tierras no aptas para cultivos y riesgosas ambientalmente. ¿Les han dejado otras opciones?

Una reforma que fomente solo las modalidades productivas que no están encadenadas a las tecnologías derivadas de la industria petroquímica (agroquímicos, combustibles fósiles) que elevan los costos año a año y deterioran la fertilidad de los suelos. Para ello, no cabe otra opción que impulsar modelos de la agroecología en gran escala. En fin, una reforma que ponga coto a los apoyos lastimeros que suele ofrecerse a nuestros productores del campo de pequeña escala.