Nombramiento del próximo contralor

Esta decisión pondrá de manifiesto la contradicción ‘Presidencialismo vs Institucionalidad Democrática’ ante la exigencia ciudadana de adecentar la política, recuperar el patrimonio público y salvaguardar el bienestar del pueblo panameño. Pues, ante el abuso del poder del presidente Ricardo Martinelli, hay que dar el ejemplo y concretar acciones para combatir efectivamente la corrupción. Solo así, políticos y empresarios, corruptos y corruptores, enfrentarán la justicia, pagarán con cárcel y estarán obligados a devolver todo patrimonio mal habido.

Por norma constitucional, el nombramiento del contralor y subcontralor corresponde a la Asamblea Nacional. Por ello, en estos funcionarios, recae un mandato en materia de fiscalización. Que se concreta en la Ley Orgánica de la CGR, al establecer que su ‘... misión es fiscalizar, regular y controlar... los fondos y bienes públicos...’. No corresponde al presidente de la República ‘recomendar’ a ningún candidato. De hacerlo, ‘sería más de lo mismo’, porque la mala práctica de los últimos 25 años ha sido que el presidente de turno ‘designe’ desde un primo, un amigo, hasta una empleada de confianza de su empresa privada. Los resultados han sido evidentes: ni se investiga la corrupción pasada ni se combate la corrupción presente, aplicando el refrán popular que dice ‘caimán no come caimán’. Pues, cuando se está en oposición, son innumerables las denuncias de corrupción contra el Gobierno, pero cuando se es Gobierno ‘no pasa nada’ y todo queda impune, porque ‘ahora vengo yo’.

La independencia del próximo contralor es un factor determinante para el ejercicio de su misión institucional. Pero ¿a qué ‘independencia’ nos referimos?, ¿no pertenecer a ningún partido político?, ¿no ser amigo del presidente?, ¿no ser diputado?, ¿ser propuesto por la sociedad civil? Pero, toda esta argumentación es política y solo logra condicionar, neutralizar y/o hacer inviable tan necesaria independencia. La defensa de la institucionalidad democrática es permanente y no se limita al discurso de conveniencia. Tengamos presente la frase tan atribuida al Dr. César Quintero: ‘Hay quien comienza como independiente, pero se hace dependiente y termina solo con el diente’.

Por ello, aún reconociendo el papel de la persona en la historia, la única garantía será el transparente, eficiente y efectivo desempeño en el ejercicio de su misión institucional. La Constitución y su Ley Orgánica, establecen que la CGR ‘... es un organismo estatal independiente, de carácter técnico...’. Si bien apoyo un amplio y participativo proceso constituyente; seamos objetivos, esta norma constitucional es uno de los pocos reductos de independencia institucional frente al Presidencialismo.

Precisamente, el perfil del nuevo contralor, debe estar más centrado en el previo conocimiento y experiencia en la administración pública. Porque, frente a los presentes retos, no hay espacio ni para la improvisación ni para el apresurado e irresponsable aprendizaje por ‘ensayo y error’.

Desde luego, los atributos de integridad personal: vocación por la verdad, credibilidad, carácter firme, honestidad y demostrada verticalidad ética, son factores indispensables para la independencia de criterio; llamados a blindar esa capacidad técnica; para garantizar la independencia institucional de la CGR frente a los poderes fácticos políticos y económicos que lucran aprovechando la discrecionalidad, ineficiencia, despilfarro y corrupción en la administración pública.

El presidente Juan Carlos Varela ha expresado que su legado incluirá: fortalecer la institucionalidad democrática y una política fundamentada en valores y vocación de servicio. Por mi formación ideológica, como ciudadano, le doy un voto de confianza, comparto y apoyo estos objetivos. Pero, serán los hechos, el tiempo y el pueblo panameño los que juzgarán su cumplimiento. Por ello, el nombramiento del contralor será una prueba de fuego, entre el tentador Presidencialismo y el respeto a la Institucionalidad Democrática.

Las bancadas del PRD, Panameñismo y la diputada independiente, con valor y transparencia, deben asumir su función, acordar un perfil técnico y un calendario, abierto a la participación ciudadana, para nombrar al nuevo contralor antes de que termine este periodo legislativo, el 31 de octubre. Esto debe hacerse ‘sin concesiones’ a cambio de votos, cuyo despropósito sea impedir las auditorías e investigaciones por corrupción.

La Asamblea Nacional debe nombrar un contralor y subcontralor con idoneidad ética y técnica, que, sin entorpecer ni ‘complacer’, colabore en el ejercicio de una administración pública honesta, eficiente y eficaz. El pueblo panameño será testigo y juzgará el resultado.

ECONOMISTA