¿Puede Panamá planificar su mercado laboral?

Hablar de empleabilidad y desarrollo en Panamá implica reconocer una relación inseparable que une estos dos conceptos, es decir, no se puede lograr uno sin el otro.

Desde los marcos legales nacionales hasta los convenios internacionales ratificados por el país en materia de trabajo decente, formación profesional y protección social, existe una constante: el empleo digno es uno de los motores más efectivos para reducir desigualdades y promover bienestar. Sin embargo, hay un elemento que sigue ausente en esta ecuación y que hoy resulta indispensable: la ciencia de los datos.

Aunque parezca impensable, actualmente la inteligencia artificial y el análisis de datos permiten no solo encontrar empleo, sino identificar qué habilidades técnicas y profesionales necesita una persona para encajar en las vacantes que se generan en su ciudad o región. Esto no se logra únicamente con estadísticas tradicionales. Las estadísticas de empleabilidad son necesarias para análisis económicos generales, pero los planes y proyectos de empleabilidad modernos deben basarse en datos reales y tangibles, obtenidos a partir de sistemas integrados que registren quiénes buscan empleo, cuáles son sus niveles de formación, qué competencias poseen y, al mismo tiempo, qué vacantes generan las empresas, en qué sectores y con qué requisitos.

Con datos adecuados es posible tener un perfil de la mano de obra, como se logró en 2023 con la modificación a la normativa de migración laboral. Con estos datos, integrando a los buscadores de empleo nacionales, se podría predecir necesidades futuras de empleo, tanto para quienes hoy buscan trabajo como para quienes están por incorporarse al mercado laboral. Esta capacidad predictiva es una herramienta eficaz para la toma de decisiones eficaces sobre planes de estudio, la formación técnica y las políticas públicas de empleo.

Con esta visión, Panamá inició desde 2022 un proceso de modernización del ecosistema laboral, con la regulación de agencias privadas de empleo y la creación del Servicio Público de Empleo, pero un servicio que no se limite a ser un intermediador entre buscadores de empleo y empresas, sino una plataforma generadora de datos estratégicos, capaz de alimentar planes, programas y políticas integradas para promover la empleabilidad con enfoque territorial, social y económico.

Esta realidad no es ajena a nuestra región. Cuando se habla de servicios públicos de empleo exitosos, suele pensarse en Europa. Sin embargo, Chile ofrece un ejemplo cercano: su servicio nacional de empleo produce anualmente informes de prospección laboral basados en datos generados por las propias empresas sobre búsquedas y proyecciones de crecimiento. Estos informes se comparten con escuelas, universidades y centros de formación técnica para alinear la oferta educativa con la demanda real del mercado, evitando la sobrepoblación de ciudades por razones laborales y la despoblación de otras regiones. Se logra una planificación basada en evidencia.

Con esta teoría busco probar que sí, el empleo se puede planificar, ya que este ha sido un eterno debate social, presente desde hace más de medio siglo, que generalmente enfrenta a la academia con el gobierno y el sector productivo. Pero más allá de la discusión teórica, la clave está en que los países desarrollen políticas públicas integradas, sin protagonismos institucionales, con un único objetivo: mejorar las cifras de empleabilidad con resultados tangibles, es decir, empleos de calidad y con protección social.

Ahora bien, en esta ecuación aparece otro gran desafío: el emprendimiento y el trabajo independiente. Tradicionalmente, la empleabilidad se ha analizado desde la óptica de la informalidad laboral. Pero las realidades de empleo de hace 50 años no son comparables con las actuales. La digitalización y la globalización han transformado la informalidad, generando oportunidades de corto plazo para trabajadores por cuenta propia, freelancers y emprendedores. Lejos de ser un problema, estas personas generan ingresos día a día y sostienen economías locales. El reto no es obligarlos a adaptarse a marcos legales rígidos, sino crear normas inclusivas y sencillas que les permitan acceder a registros fiscales, libertad financiera y seguridad social de forma proporcional a su realidad económica. En Panamá, las recientes modificaciones al régimen de la Caja de Seguro Social para trabajadores independientes son un avance, pero los costos asociados siguen siendo poco atractivos para quienes dependen de ingresos variables. No se puede tratar a un trabajador por cuenta propia como si fuera una empresa. Son realidades distintas que requieren soluciones distintas.

En ese sentido, el Decreto Ejecutivo No. 3 del 22 de abril de 2024, que reglamenta el Servicio Público de Empleo, introduce el registro de trabajadores por cuenta propia, permitiendo contar con datos sobre esta población que alterna entre empleo formal e independiente. Este paso es crucial para diseñar políticas de integración social y financiera a la medida, garantizando que, sin importar la modalidad de trabajo, las personas mantengan protección social y económica.

Finalmente, no podemos hablar de empleabilidad sin incorporar el enfoque de género. Las brechas de acceso al empleo, las diferencias salariales, la carga desproporcionada de cuidados y la mayor presencia femenina en el trabajo informal siguen siendo realidades persistentes. Los sistemas de datos modernos permiten identificar estas brechas con precisión y diseñar políticas específicas que promuevan la inclusión laboral de mujeres, especialmente en sectores tecnológicos y de alta demanda. La meta debe ser siempre el ciudadano y su bienestar. El empleo y el trabajo transforman vidas y son la vía más directa para alcanzar el desarrollo que anhelamos. Pero para lograrlo, el empleo debe ser inclusivo, planificado con datos, adaptado a las realidades sociales y con enfoque de género. Solo así construiremos mercados laborales que no dejen a nadie atrás.