Un punto de equilibrio para la minería metálica

Ahora que la Asamblea Nacional está próxima a debatir sobre la aprobación del nuevo contrato con la Minera Panamá, los panameños no tuvimos la oportunidad de expresar una opinión vinculante que nos ayudara a llegar a un acuerdo nacional sobre la conveniencia de aprobar dicho contrato. Lo que tenemos es un batiburrillo de opiniones _algunas probablemente sesgadas por el contexto político vigente_ que parecen no guardar relación entre sí.

Para comenzar, tenemos a los voceros del Gobierno _en sintonía con la empresa_, quienes señalan que, este nuevo contrato con Minera Panamá brindará importantes beneficios económicos, fiscales, ambientales, laborales y sociales para el pueblo panameño, al tiempo que crea las condiciones necesarias para que Minera Panamá continúe sus operaciones en un entorno de inversión justo y equitativo.

Por su parte, la Cciap manifestó recientemente que, se debe cuidar la economía que se ha creado alrededor de este proyecto, el cual ya ha generado miles de empleos directos e indirectos. En este sentido, la firma del nuevo contrato negociado entre las partes nos parece un paso necesario. No obstante, la evolución de las negociaciones del contrato dejó muy claro que Panamá tiene ante sí la urgencia crítica de establecer una nueva, fuerte y adecuada institucionalidad para gestionar un tema con tantas implicaciones sociales, ambientales y económicas. El primer paso debe ser terminar de desarrollar con rigurosidad la contratación actual, procurando el mejor interés del país y sus ciudadanos. Evitemos que intereses populistas o electorales intervengan en dicho proceso.

Por otro lado, no son pocos los que señalan que el nuevo contrato es inconstitucional y no mejora en lo absoluto las condiciones financieras al país, lo que el contrato sí estableció desde el principio y garantiza es “la protección para la empresa en caso de una caída del precio”. Un contrato que lesiona la condición soberana de Panamá sobre nuestro espacio; crea un enclave minero; genera un impacto negativo sobre la salud y el ambiente de la población.

También está el movimiento “Panamá vale más sin minería”, quienes manifiestan que, la única salida frente a la minería metálica en Panamá es su erradicación, subrayando que, la minería a cielo abierto es una actividad dañina que solo nos trae perjuicios: devastación, pérdidas, malos manejos, conflicto y división. En ese sentido, demandan que: la actividad debe ser prohibida en todo el territorio nacional; se obligue a la empresa a pagar las obligaciones fiscales, laborales y ambientales; se ejecute un plan urgente de desarrollo alternativo para las zonas y sectores impactados y; se convoque al debate del anteproyecto de Ley de Moratoria Minera Nacional, que fue presentado por el movimiento y respaldado por un centenar de organizaciones en junio de 2021 ante la Asamblea Nacional, lo cual además está recogido como un compromiso del Pacto del Bicentenario.

En este contexto, considero que el análisis de este asunto debe partir de la búsqueda de un punto de equilibrio en el cual las posiciones opuestas puedan encontrar algún nivel de consenso o acuerdo, comenzando por contestar todos la siguiente pregunta: ¿qué tenemos que hacer para avanzar hacia el desarrollo pleno y garantizar nuestro futuro? Si decimos que valemos más sin minería, estamos obligados a decir qué tenemos que hacer para producir la riqueza que supuestamente nos proporcionaría la minería. Y no hace falta quedarnos pegados en el asunto de la distribución con justicia y equidad, o la lucha contra la corrupción, etc. Ese es otro debate y también deberemos resolver, porque está en el mismo corazón de nuestro subdesarrollo. La pregunta es: ¿de dónde sacamos los 350 millones (o más) anuales que promete esta minera? Porque los necesitamos.

Por otro lado, los defensores del nuevo contrato deben decirnos con claridad meridiana: ¿cómo abordarán la distribución justa y equitativa de los beneficios económicos, sociales y ambientales derivados de la actividad minera?, ¿cómo garantizarán que las operaciones mineras a cielo abierto se realicen siguiendo prácticas de manejo ambiental adecuadas y en cumplimiento de las regulaciones y normativas ambientales y sociales vigentes en nuestro país y/o en los países con la mayor experiencia en estas actividades?, ¿cuáles son las tecnologías más limpias que se adoptarán?, y ¿cómo nos garantizan que siempre existirá la transparencia y acceso a la información para participación activa y efectiva de las comunidades locales en el proceso de toma de decisiones?, son aspectos clave para mitigar los impactos negativos de la minería metálica a cielo abierto.

No menos importante, como también señaló la Cciap, es que debemos definir una política minera a través de un nuevo Código Minero, que establezca los parámetros especializados para la minería metálica y no metálica de aplicación general, dejando atrás prácticas obsoletas y planteando los mecanismos para llevar adelante una minería responsable, en constante revisión y actualización de cara a la modernización continua de la industria.

Finalmente, para poder alcanzar este punto de equilibrio que necesitamos, el Gobierno debe cumplir con el mandato constitucional de llevar el nuevo contrato a un plebiscito para nuestra aprobación. De lo contrario, siempre lo consideraremos espurio y, por ende, carente de legitimidad.