Quién entra y quién no: el acceso definido por prejuicios

En Panamá, la discusión sobre derechos LGBTIQ+ suele plantearse como una demanda de privilegios. Pero la realidad es más simple, y más incómoda: se trata de acceso, y de las reglas que deciden ese acceso. Acceso a donar sangre sin que tu orientación sea tratada como sospecha. Acceso a servir en instituciones de seguridad sin que tu identidad sea vista como una amenaza moral. Un ejemplo claro de esta discusión aparece en el sistema de donación de sangre, que hoy enfrenta una crisis crítica en Panamá.

En enero de 2026, las reservas nacionales se encontraban por debajo del 40% de los niveles necesarios para cubrir la demanda del sistema de salud. Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) hicieron un llamado urgente a la población a donar, advirtiendo que la baja participación ponía en riesgo cirugías programadas y la atención de pacientes que dependían de transfusiones.

Sin embargo, incluso, en medio de esta escasez, hay un problema de acceso: no todas las personas que desean donar pueden hacerlo. Las reglas no son las mismas para todos. Durante años, hombres que tienen sexo con hombres han enfrentado restricciones automáticas para donar sangre, sin evaluación individual de riesgo, bajo el argumento de protección sanitaria. La pregunta nunca fue si una persona se cuida, sino: ¿quién es? La identidad reemplazó a la evidencia como criterio.

Desde el punto de vista científico, la orientación sexual en sí misma no determina el riesgo de que una persona done sangre segura. Lo que la evidencia médica evalúa son conductas específicas de riesgo, como prácticas sexuales sin protección reciente o múltiples parejas sexuales, independientemente de si la persona es heterosexual, gay o bisexual. Organismos como la Organización Mundial de la Salud recomiendan que los criterios para decidir quién puede donar sangre y quién no, se basen en la evaluación de las conductas recientes de cada persona, y no en su orientación sexual o identidad.

Para entender la diferencia, imaginemos dos personas que llegan a donar sangre. Un hombre heterosexual con múltiples parejas sexuales puede completar el cuestionario y, dependiendo de cómo estén formuladas las preguntas, ser aceptado como donante. Al mismo tiempo, un hombre gay en una relación monógama estable desde hace años, que se realiza pruebas periódicas y utiliza protección, puede enfrentar una restricción automática o preguntas adicionales simplemente por su orientación sexual.

Este tipo de decisiones forman parte de un patrón más amplio donde la exclusión funciona como un mecanismo institucional. Reglas, procedimientos o prácticas determinan quién es considerado confiable, legítimo o apto para participar plenamente.

En la práctica, estas barreras funcionan como un filtro estructural para las personas LGBTIQ+: no poder donar sangre en igualdad de condiciones, ser excluidas de ciertas instituciones o enfrentar obstáculos para que su identidad sea reconocida en trámites básicos. No son hechos aislados. Son reglas que siguen operando más por prejuicios que por evidencia.

Ese mismo patrón —prejuicios convertidos en norma— también alcanza a otros grupos. Mujeres a quienes se les negó durante décadas el acceso a espacios de decisión política. Jóvenes afrodescendientes a quienes les piden un “certificado afro” para permitirles entrar y estudiar en las escuelas con su cabello natural. Comunidades indígenas que deben recorrer distancias enormes para acceder a atención médica o educación.

Pero cuestionar y cambiar estas reglas rara vez es sencillo.

En 2023, el diputado independiente Gabriel Silva presentó un proyecto de ley orientado a actualizar los criterios de donación de sangre para alinearlos con estándares científicos más recientes y evitar exclusiones basadas exclusivamente en orientación sexual. Buscaba introducir evaluaciones individuales de riesgo y modernizar los protocolos sanitarios.

La propuesta, sin embargo, ni siquiera llegó a discutirse formalmente en comisión dentro de la Asamblea Nacional.

La exclusión rara vez se presenta como odio frontal. Se disfraza de procedimientos, de reglamentos internos, de “política sanitaria”, de tradición institucional. No siempre te dicen que no quieren que pertenezcas.

Mientras alguien pueda decir, desde una curul o desde un escritorio institucional, “ellos no pueden entrar” por portación de identidad u orientación sexual, la pregunta seguirá siendo la misma: ¿Quién decide quién pertenece? ¿En base a qué?