Racismo y discriminación contra los primeros pobladores del país

La población originaria, según el Censo de 2023, es de 698 114 habitantes, representando así el 17.2 % de la población panameña. Históricamente, la relación entre el Estado panameño y los pueblos originarios ha sido de incomprensión política, segregación racial, aplicación de políticas y programas de etnocidio, despojo de su territorio ancestral (un derecho colectivo), de sus recursos naturales, de sus saberes y conocimientos milenarios y de su patrimonio cultural intangible.

En el caso específico de los Ngäbe Buglé, se une la explotación de la fuerza de trabajo de ésta población por parte de los propietarios del sector productivo chiricano y vecino país de Costa Rica, como por ejemplo, cuando se observa durante los meses de agosto a diciembre de cada año la emigración de éstos originarios de los distritos de Besikö, Mironó, Nole Duima, Muna y de la Región Ño Kribo hacia centros y lugares como las áreas bananeras, de ganadería, de cultivo de cañas y hacia Boquete, Río Sereno, Volcán, Cerro Punta y Costa Rica, con el fin de participar en la cosecha de café, cultivo de legumbres y otros trabajos.

Se benefician con este movimiento emigratorio de hasta 25 000 indígenas, los transportistas del oriente y occidente chiricano, centros comerciales, bodegas, cantinas, taxis, buhoneros, chanceros, dueños de fincas cafeteras, cultivadores de legumbres, grandes y pequeñas empresas y hasta los ladrones.

Es notable entonces la importancia de la presencia de los indígenas en éstas áreas, tanto es así que los mismos dueños de las fincas cafetaleras vienen a buscarlos a su propio lugar, como, por ejemplo Soloy, Hato July, Hato Chamí, Alto Caballero, durante los meses mencionados para llevarlos a sus respectivas fincas, con la condición de que, posteriormente, paguen sus pasajes una vez cobren sus primeras jornadas de trabajos.

Con este movimiento migratorio de todos los años, también queda claro que la población indígena Ngäbe Buglé contribuye directa e indirectamente con la economía nacional (impuestos y otros aportes al fisco), ya que miles de indígenas pagamos el 7 % en las compras que realizamos; el sudor de nuestro trabajo, casi siempre mal pagado, contribuye de esta forma al desarrollo de la economía nacional, aunque muchos antiindios y racistas no lo quieran reconocer.

La paga de todo lo anterior señalado son las malas prácticas habladas y escritas que se hacen por los diferentes medios de comunicación durante estos mismos meses y durante todo el año; no se presentan críticas constructivas con alternativas de solución, más bien se hace con el odio racial y discriminatorio, ha predominado un complejo de una supuesta superioridad sin sustento legal.

Frente a estas críticas negativas que se hacen por los diferentes medios de comunicación escritos y hablados, también debieran señalarse realidades como las siguientes:

Los dormitorios de las fincas no reúnen las condiciones de salubridad e higiene y están diseñados para determinada cantidad de personas.

No se les paga a los indígenas el salario mínimo, tal como está contemplado en nuestras leyes.

En estos lugares de concentración, los patrones no alfabetizan a los iletrados, tal como lo señalan el Código de Trabajo y otras leyes.

No se reconocen debidamente las prestaciones, accidentes, vacaciones, preavisos, tiempos, décimo tercer mes y otros derechos de todo obrero ngäbe en las diferentes fincas.

Estos críticos ¿señalan las formas de mal trato que le dan los buseros y ayudantes a los indígenas ngäbe cuando viajan en estos transportes?

Finalmente, formulamos la siguiente pregunta: ¿quiénes dejan más dinero en estos lugares turísticos de Boquete, Volcán. Cerro Punta, Río Sereno en los meses señalados anteriormente?

Solicitamos a las autoridades competentes de todas las áreas turísticas que, mediante decreto municipal u otros mecanismos legales, quede prohibido en su totalidad a las cantinas, bodegas y otros centros la venta de bebidas alcohólicas a todo indígena ngäbe durante todo el año y múltese al que se encuentra en ese estado cuando viole esta norma.

Si de verdad se quiere acabar con estos espectáculos de los indígenas durante los fines de semana y que dañan las vistas de los turistas y perjudican éstas áreas, entonces ésta es la solución, puesto que otra no existe.

Por último, los originarios después de servir a aumentar las arcas económicas de los patrones, no tienen un espacio para reposo o descanso en estos poblados de fuentes de trabajo, a diferencia del hermano país de Costa Rica, que le da otro tratamiento más humano y civilizado a los ngäbe-buglé.

De igual forma, nuestro país ratificó, en la Asamblea Nacional, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. El artículo 4 de nuestra Constitución Política expresa que nuestro país acata la Normas del Derecho internacional; sin embargo, esto ni se implementa ni se cumple.

Además, la ONU, en visita efectuada a nuestro país en años anteriores, recomendó al Estado nacional legislar para que el racismo y discriminación sea considerado como delito punible en nuestro país. Los diputados indígenas han presentado iniciativas por las malas prácticas del racismo y discriminación, todas estas acciones han quedado en letras muertas. Sin embargo, estos hechos se cometen a diario durante todo el año, vistas por las redes sociales y otros medios ante la indiferencia de las autoridades competentes, convirtiéndose cada vez más en costumbres y rutina diaria.

Hacemos un llamado al defensor del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación a velar por la justicia de los originarios del país.