Resiliencia de los servicios de salud: ¿cómo garantizarla en Panamá?

El terremoto del 9 de octubre nos recordó que la preparación ante los desastres no puede limitarse a responder cuando ocurre una emergencia. La verdadera capacidad de un país se demuestra antes, mediante la prevención y la reducción de riesgos; durante el evento, manteniendo la atención y protegiendo la vida; y después, recuperando los servicios y aprendiendo de lo ocurrido.

En salud pública, esto significa avanzar hacia un sistema capaz de anticipar amenazas, absorber sus impactos, adaptarse a circunstancias extraordinarias y recuperar oportunamente sus funciones esenciales. Es lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueve mediante su iniciativa de Hospitales e Instalaciones de Salud Resilientes frente a Emergencias de Salud y Desastres.

La iniciativa de Hospitales Seguros de la OPS busca garantizar que los establecimientos sanitarios permanezcan accesibles y operativos después de un desastre, protegiendo su infraestructura y servicios esenciales. El enfoque de Hospitales Resilientes amplía esta visión al incorporar la sostenibilidad ambiental, la inclusión y la capacidad de adaptación.

La resiliencia debe abarcar todo el sistema sanitario: centros de salud, atención prehospitalaria, vigilancia epidemiológica, laboratorios, suministros, personal y coordinación asistencial. No basta con tener edificios seguros; es indispensable garantizar accesos, medicamentos, traslados y continuidad de los tratamientos y servicios esenciales durante las emergencias, precisamente cuando la población más los necesita.

Panamá cuenta con avances institucionales para fortalecer la resiliencia sanitaria: una Comisión Interinstitucional de Instalaciones de Salud Resilientes contra Emergencias, una oficina de gestión de riesgos, planes multiamenazas y un centro de operaciones de emergencia.

Adicionalmente, en julio de 2026, el MINSA y la OPS/OMS capacitaron personal en evaluación de riesgos, seguridad hospitalaria e inclusión. Tras el terremoto, iniciaron una misión técnica para evaluar instalaciones afectadas y apoyar la continuidad asistencial.

Estos pasos son importantes, y los reconocemos, pero no garantizan por sí solos la preparación nacional. Es indispensable conocer las vulnerabilidades identificadas, las inversiones realizadas y las medidas correctivas efectivamente implementadas.

A mi juicio, Panamá debe avanzar en cinco direcciones complementarias.

Primero, evaluar y reducir los riesgos. Cada establecimiento debe conocer las amenazas que enfrenta, su vulnerabilidad estructural y funcional y su importancia dentro de la red. Las herramientas de la OPS, como el Índice de Seguridad Hospitalaria y la Evaluación Estratégica del Riesgo de Emergencias y Desastres en Establecimientos de Salud, pueden contribuir a priorizar las intervenciones. Los resultados deben traducirse en planes de mejora con responsables, plazos y presupuestos.

Segundo, garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Es indispensable comprobar periódicamente la disponibilidad de agua, electricidad de respaldo, oxígeno, medicamentos, insumos, comunicaciones y personal. También debemos disponer de planes para mantener la atención de urgencias, cirugía, maternidad, diálisis y otros servicios cuya interrupción puede poner vidas en peligro.

Tercero, fortalecer la integración de la red sanitaria. El MINSA y la Caja de Seguro Social (CSS) deben contar con mecanismos operativos de coordinación para compartir información, organizar referencias y traslados, redistribuir pacientes y movilizar recursos. Las Redes Integradas de Servicios de Salud pueden contribuir a que los establecimientos actúen como partes de un sistema coordinado y no como unidades aisladas.

Cuarto, institucionalizar la preparación y el aprendizaje. Los planes deben probarse mediante simulacros y ejercicios que involucren a hospitales, centros de salud, servicios prehospitalarios, SINAPROC y otras instituciones. Cada ejercicio o emergencia debe generar una evaluación posterior, con fallas identificadas, acciones correctivas y seguimiento de su cumplimiento.

Quinto, asegurar la equidad y la inclusión. La planificación debe considerar las necesidades de las personas con discapacidad, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas y las comunidades rurales e indígenas. Una respuesta resiliente no puede concentrar las capacidades en la capital y dejar desprotegidas a las poblaciones con mayores dificultades de acceso.

La resiliencia requiere liderazgo, financiación sostenida, coordinación interinstitucional y transparencia. Por ello, el MINSA y la CSS, junto con la OPS y las demás instituciones competentes, deben establecer prioridades nacionales, definir indicadores verificables y comunicar periódicamente los avances y las brechas pendientes.

Entre los indicadores fundamentales deberían figurar la proporción de establecimientos evaluados, el cumplimiento de las medidas correctivas, la disponibilidad comprobada de suministros críticos, la realización de simulacros y la capacidad de mantener o restablecer servicios esenciales dentro de plazos definidos.

El desafío no es elaborar más documentos, sino convertir los instrumentos existentes en capacidades demostrables.

Panamá necesita pasar de la preparación declarativa a una resiliencia sanitaria medible, financiada y evaluada de manera permanente. Porque la próxima emergencia no esperará a que terminemos de organizarnos. Y cuando llegue, la calidad de nuestra preparación determinará, en buena medida, nuestra capacidad para proteger la vida, reducir el sufrimiento y garantizar que nadie quede sin atención.