Sector empresarial, metodologías de cálculo y pensiones

En la continuidad de la campaña de la cúpula empresarial contra la seguridad social, que tiene su eje propagandístico en el diario La Prensa, este sector ahora intenta mostrar que su posición tiene una base científica sólida. Sin embargo, jamás han presentado su metodología y lógica de cálculo.

En realidad, lo que se plantea es una especie de fe ciega en los informes de la Junta Técnica Actuarial y de la OIT. Es así, por ejemplo, que en el documento presentado por el Conep a la Junta Directiva de la CSS el 7 de noviembre, simplemente se toman como precisos los “escenarios de proyección tanto de la Junta Técnica Actuarial y los del Departamento Actuarial de la CSS”. El problema está en que ni en el informe del 8 de octubre de 2020 ni en el del 15 de agosto de 2022, la Junta Técnica Actuarial (JTA) presenta con qué metodología y supuestos realizaron las proyecciones económicas referidas a elementos tan importantes como lo son: la tasa de crecimiento del PIB real y de la inflación; la evolución de la productividad, las proyecciones de empleos y salarios.

Por otra parte, el sector empresarial ha venido señalando, tal como lo hizo la presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que “los resultados de la Organización Internacional del Trabajo confirman las cifras de la JTA” (La Estrella de Panamá, domingo 20 de noviembre de 2022). Es necesario, entonces, establecer cuál es la metodología de cálculo y los supuestos que la OIT utilizó en su reciente informe (Valuación Actuarial del Sistema Panameño de Pensiones, 2019).

De hecho, en el informe de la OIT se presentan con mayor formalidad los supuestos y la metodología. Los supuestos utilizados por este organismo presentan dificultades. De acuerdo a los mismos, la tasa de crecimiento real de la economía panameña a largo plazo es de 4.5 % anual. Se trata de una cifra discutible, esto es claro, si se toma en cuenta que el análisis de raíz unitaria muestra reversión a la media para el largo período que va de 1951 al 2019. De hecho, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB real de la economía para ese largo período fue de 5.3 %.

En el caso de la inflación, la OIT introduce el extraño supuesto de que la tasa inflacionaria promedio anual de la economía es de apenas 0.5 %. Dado que en la base de datos del Banco Mundial existen suficientes estadísticas para el largo período que va desde 1960 al 2019, esto permite establecer que el deflactor implícito del PIB, que es la tasa de inflación adecuada para calcular el PIB nominal, creció durante ese período a una tasa promedio anual de 2.4 % anual. En el mismo el PIB nominal se expandió a un ritmo anual de 7.7 %.

Todo esto muestra un grave sesgo en los análisis, que permiten deconstruir algunos argumentos del sector privado. En un artículo publicado por Yolanda Sandoval en el diario La Prensa del domingo 20 de noviembre de 2022, se cita a un conocido vocero de este sector, quien afirma que el déficit del programa solidario llegará a B/ 7500 millones para el 2045, “lo cual es inviable para nuestro país”. Este cálculo tiene un doble sesgo. Además, contradice, entre otras cosas, a otro artículo publicado en el diario la Prensa por la misma autora, el miércoles 16 de noviembre de 2022, en el que se dice que este nivel de déficit se alcanzaría en el 2050. En realidad, el Conep, en su carta a la Junta Directiva de la CSS, afirma que el déficit en el 2045 sería de B/. 5979.0 ¿A cuál pronóstico tenemos que atenernos?

En primer lugar, si se comparan estos supuestos déficits con el PIB calculado correctamente, este estaría entre el 2.5 % en el 2045 (usando la cifra de Conep) y el 1.9 % del PIB durante el 2050, dependiendo de las dos fechas distintas del diario La Prensa, el Conep y el vocero del sector privado. Es conveniente señalar que estas cifras palidecen frente a la evasión fiscal del sector corporativo privado que alcanza anualmente al 10.0 % del PIB nominal.

En segundo lugar, al utilizar una tasa de crecimiento del PIB real y nominal y no considerar la posible vuelta al sistema solidario, obviamente se genera un sesgo en el cálculo de los ingresos.

A final de cuentas, el Conep, la Cciap y el resto de los gremios empresariales deben mostrar con claridad cuál es la metodología y los supuestos que utilizaron para realizar sus afirmaciones. ¿Se trata de lo que aquí hemos criticado o de otros criterios que no han explicitado? Desde el sector académico sugerimos un debate público entre nuestra metodología y supuestos frente a los del sector privado. Esto sería un ejercicio de transparencia.