Sector privado de salud, un aliado ante el COVID-19

Haber portado los dos sombreros, ministro de Salud (1999-2001) y director médico de hospital privado, me da la visión panorámica para abordar el tema del valor agregado que representa la medicina privada al sistema público de salud.

Los recursos del Estado en general, y particularmente en salud, son finitos. Las necesidades de la población superan, con creces, el presupuesto nacional asignado. Los recursos económicos son tan insuficientes como lo es la disponibilidad del recurso humano calificado en salud.

Ya en 1955 se organizan los primeros comités de salud, época en que la tuberculosis, la falta de sistemas de agua potable y una mermada vacunación preocupaba a las autoridades. Y luego vinieron los municipios y corregimientos saludables, salud en tu barrio, consejos de salud, escuelas promotoras, centro de promoción y los famosos grupos cazamosquitos, como la forma de integrar al ciudadano, no funcionario, a la solución de problemas sanitarios de sus respectivas circunscripciones geográficas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1977 propone “salud para todos en el año 2000” y al año siguiente, la Declaración de Alma Ata establece la importancia de la atención primaria con sus pilares de promoción, protección, curación y rehabilitación.

Todo lo anterior requiere ser financiado. Para ello la Ley del Presupuesto General del Estado establece que las decisiones que se adopten en el marco del sistema público de salud deben consultar criterios de sostenibilidad fiscal y que dicha administración de los fondos del sistema no podrá afectar el flujo de recursos del mismo. Con las condiciones que la Ley impone, la estrategia del Estado contempla la participación del sector privado en vía de propiciar su sostenibilidad económica y financiera para coadyuvar al fortalecimiento de las capacidades de servicios de salud.

Desde hace 20 años o más, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son contratadas por el Estado para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con metas e indicadores tendientes a mejorar los índices sanitarios en el país. De hecho, el Plan Nacional de Promoción de la Salud estable que “el Ministerio de Salud busca fortalecer a través de la intersectorialidad un trabajo conjunto de los sectores para un mejor aprovechamiento de los recursos, tanto de las instituciones del sector público como del privado, para abordar situaciones de salud y evitar la duplicidad a nivel operativo”.

Reconocida la rectoría del Ministerio de Salud, no es menos cierto que el propio organismo rector asegura la existencia de un sector público y de otro privado cuya voluntad conjunta debe ser evitar la duplicidad a nivel operativo en materia de salud.

Disminuir esa duplicidad, producto de confrontaciones históricas, son la esencia del deber ser entre las dos instituciones prestadoras de atención en salud del sector público: Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social. El ejemplo debe iniciar en casa, que es el Estado. El sector privado igual podría evitar esa duplicidad en servicios cuyo escaso volumen los hace sumamente costosos. Veo más factible que suceda en el privado.

Como siempre sucede, hay quienes buscan entorpecer, con argumentos baladíes, todo lo que se hace para enfrentar la crisis de COVID-19. Recientemente un medio escrito publicó “el Ministerio de Salud ha informado que el Gobierno está asumiendo el costo de cada prueba que está en 23 dólares, otras fueron donadas por China” y el titular de la nota “los hospitales privados en Panamá aprovechan la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus para hacer negocio en medio de una histeria generalizada”.

Lo anterior es información amañada, que hace daño, ya que crea una sensación de división de clases. La prueba podría haberle costado 23.00 balboas al Estado, pero procesarla tiene costos adicionales que deben ser tomados en cuenta para establecer el precio real o coste por cada prueba hecha, entre otros muchos: kit de extracción, salarios del personal de la institución, prestaciones laborales, electricidad, agua, equipos, depreciación, papelería, internet, telefonía fija y móvil, gastos de movilización, equipos de protección personal como guantes, mascarillas, batas, gafas y podría continuar. Si esto sucede con una prueba de laboratorio ahora imagínese, el lector, el costo por día de una cama de hospital en el sector público. Es irrebatible que cada prueba que se realice en el sector privado y que cada paciente que se hospitalice en el sector privado es una carga menos para el sector público de salud. Además de matemática elemental, es sentido común.

La diferencia entre el sector público de salud y el sector privado es la fuente de ingresos. El público recibe los fondos de los impuestos que pagamos los ciudadanos y de la deuda que contrae el Estado con instituciones financieras internacionales, las cuales también pagará el ciudadano. Ingresos como los que produce el Canal de Panamá quedan diluidos en la maquinaria insaciable del Estado, cuando debiesen ser orientados a temas puntuales como educación y salud. Esa sí que es una empresa rentable, debiese ser ejemplo para todo el Gobierno.

Y la otra diferencia es que el sector privado, sobre todo en salud, tiene que ser muy eficiente en el manejo de costos directos e indirectos, así como de los gastos para que la actividad de la empresa sea sostenible y, por supuesto, rentable. De no ser rentable la razón para existir sería nula.

La milenaria cultura china es vasta y hoy los ojos del mundo están posados sobre ese país en donde nace el COVID-19. “Wei Ji” son dos caracteres de la palabra crisis. Wei es peligro, Ji es oportunidad. Estamos ante un peligro que confrontamos con nuestros recursos económicos, públicos y privados. Tenemos una oportunidad de realizar los cambios necesarios, con visión amplia, para que cuando llegue la próxima crisis sanitaria nos encuentre organizados como país y no enfrentados o perdiendo el tiempo en responder a “fake news” que nada aportan, excepto aumentar la ansiedad de todos.

Conocemos la Constitución Nacional. La misma establece que el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares, pero que el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará según las necesidades sociales; además de poder regular, por medio de organismos especiales como Acodeco, las tarifas, los servicios y los precios. Pero también dice que el Estado velará por la libre competencia económica y la libre concurrencia en los mercados. Se aconseja sano juicio y mesura al anunciar la posible aplicación de medidas reguladoras.

El sector privado es un aliado ante el COVID-19, que eso quede claro.