El Seguro Social, ¿entonces?

A mediados de la década de los 70 a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social se le hicieron cambios fundamentales con una proyección social de incalculables efectos, pero que al no ir acompañada con un compromiso de parte del gobierno central a través de una solidaridad económica, se convirtieron en una carga adicional que con el tiempo merece se analice el mismo y se le busque una solución.

Eran los primeros años del proceso revolucionario bajo el liderazgo de Omar Torrijos Herrera, en tiempos donde existía el compromiso de realizar transformaciones tanto en la educación como en el sector salud. No había otra opción si realmente se buscaba introducir un esquema que más allá de la política tradicional, provocara un nuevo concepto social a favor de las clases más necesitadas.

El tiempo ha demostrado que la intención era efectiva. El darle atención no solo ambulatoria sino hospitalaria también, a la compañera e hijos del asegurado; o sea el cotizante, garantizó en buena medida transformar el concepto de la salud social en un país que comenzaba a dar despuntes económicos inimaginables. Pero adicional, se sumó a los beneficiarios a los padres del trabajador.

Pienso, sin embargo, que al no realizar otros ajustes más de fondo que de forma, como fue establecer por ley la solidaridad del gobierno con esta institución, se fueron agravando sus finanzas, porque hubo necesidad de incrementar las cama—hospital, la atención ambulatoria (consultorios) y la compra de medicamentos.

A contrapelo, el Estado como tal dejó de atender a un porcentaje de la población que ya no concurría a sus centros hospitalarios, porque preferían atender sus problemas de salud a través del Seguro Social. Los Sistemas Integrados de Salud que se habían aplicado propició el ‘mal entendido’ que la transición no implicaba cargas económicas adicionales que implicaran un impacto negativo para los programas de la seguridad social.

Pocas veces se quiere hablar con seriedad de este asunto. De igual forma, existe el valor necesario, que sumado a la solidaridad económica que debe existir, se hace necesario desde hace mucho tiempo, que el trabajador dé un aporte adicional para seguir garantizando la atención básica y especializada a su familia. Reitero, ha faltado entender que el problema debe ser encarado y planteado como un tema de Estado.

Esa es una parte del problema. Existe otro aspecto que tiene un costo político que nadie quiere asumir. Durante el gobierno anterior al de Martín Torrijos, se permitió la existencia de una administración con credencial ‘populista’, que elevó en un porcentaje peligroso la cantidad de empleados necesarios para que el Seguro Social pudiera trabajar con eficiencia.

En la Caja de Seguro Social los estudios demuestran que bien puede trabajar con unos 10000 empleados, en vez de los 25000 que tiene en la actualidad.

Otro factor que incrementó los costos de la seguridad social fue la contratación de servicios técnicos y médicos dentro de las clínicas y hospitales privados, convirtiendo esta alternativa en un negociado que le está asestando una ‘puñalada trapera’ a la entidad que representa el único ahorro real que hace un trabajador durante su vida útil.

Si a todo esto le sumamos que la expectativa de vida ha crecido, ahora se cuenta con una población jubilada utilizando los servicios y recibiendo una compensación económica más allá de lo que hace algunos años indicaban los cálculos al respecto.

Por supuesto que el tema es complejo. Los trabajadores pueden argumentar que se les eliminó la jubilación anticipada y que se incrementó en dos años más la edad de jubilación. También se incremento la cuota obrero—patronal y el cuadro básico de medicamento se desmejoró en comparación con cuando tuvimos el más amplio de toda la región (década del setenta y ochenta).

Opino que es hora de que las nuevas autoridades enserien sus respuestas al tema, en vez del facilismo. Al gobierno le toca igualmente participar de una solución permanente y no temporal. No hacerlo sería tanto como traicionar a una de las entidades, que como dije, garantiza que al concluir la vida laborar del ciudadano, la miseria no sea tan severa para él y su familia.

*PERIODISTA.