¡El Seguro Social debe ser punto y aparte!

Desde el 2004, cuando se adoptaron reformas importantes sobre el régimen legal de la seguridad social, con los efectos directos sobre el sistema público de las pensiones, que siguen siendo objeto de controversia, comenzamos a acumular una mora imperdonable, con secuelas cada vez más dramáticas y angustiosas, para enfrentar una crisis que, como ya no puede seguir siendo postergada, exige soluciones urgentes, pero permanentes.

Inmersos ya en una campaña electoral de cuyos resultados distan trece meses, y teniendo en cuenta que hasta ahora los intentos para enfrentar el problema han culminado en dilaciones y evasiones, porque tanto los gobernantes como todos los aspirantes a gobernar parecen haber decidido eludir posiciones que calculan podrían restarles votos, se impone que, con sentido realista, se tome una decisión que sirva para dar tranquilidad, aunque sea temporal, a los más de 300 000 pensionados a los que día a día se atemoriza, y hasta se aterroriza, con los anuncios de que en un plazo de 12 o menos meses, no habrá dinero para pagarles.

Desde luego, eso no ocurrirá y la solución se producirá, sí o sí; pero si algo es cierto es que ella no será producto del debate electoral. Ningún candidato o candidata se atreverá, por ejemplo, a manifestarse en favor de medidas paramétricas como las recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo. Y, a la par, sería muy poco serio que motivados por mezquinos cálculos electoreros trataran de ganar votos a base de endilgar culpas a otros, pero evitando asumir compromisos que impliquen el riesgo de perderlos.

Cualquiera que sea la solución de la crisis de la seguridad social comportará sacrificios y tendrá que ser concertada; pero es evidente que el acuerdo nacional que se requiere para resolverla tendrá que esperar hasta que se instale el nuevo Gobierno. Las próximas autoridades son las que tendrán que asumir la responsabilidad de promoverlo con sentido patriótico, escuchando y aproximando las posiciones encontradas. Y los aspirantes a gobernar deben tener muy presente que la seriedad y la responsabilidad con las que demuestren que podrían ser capaces de enfrentar ese reto, pueden ser el factor que incline la balanza de los resultados electorales y, en consecuencia, sus opciones de llegar al poder.

En ese sentido, todos debieran comprometerse, con una demostración categórica, a que el tema no será objeto de discursos electoreros, salvo que estén dispuestos a proponer y sustentar soluciones concretas, explicando cómo las financiarían. Pero como es previsible que ese no será el riesgo que estén dispuestos a correr los presidenciables, una interrogante se impone por decantación: ¿qué hacer para responder al clima de zozobra que se sigue azuzando sobre el futuro de las pensiones y dar tranquilidad a los pensionados, presentes y futuros?

Durante los fallidos e inconclusos diálogos recientes, que dejaron más desconcierto que atisbos de soluciones serias, varias iniciativas flotaron sin aterrizar en nada concreto y mucho menos positivo. Aprendiendo de esa lección, lo que corresponde es que todos los sectores que deberán ser protagonistas de las futuras negociaciones para encontrar las soluciones permanentes, Gobierno, partidos, trabajadores, empresarios y pensionados, convengan en una tregua estratégica y que, como medida práctica temporal, en los Presupuestos Generales para los años 2024 y 2025 se incluyan sendas partidas, estimadas para cubrir los eventuales “déficits de caja” (el actuarial es otra cosa). El total de ellas, con seguridad no será necesario utilizarlo, pero su inclusión en el Presupuesto serviría al propósito de trasmitir tranquilidad social. Además, serviría para que todos los futuros protagonistas del “diálogo nacional por la seguridad social” piensen y estructuren en forma seria y bien pensada las alternativas que propondrán y sustentarán; pero alejados de la inevitable demagogia electorera, que ya es parte de nuestra subcultura política.