Sistema acusatorio

ABOGADO

H e manifestado en otras ocasiones mi preocupación por la imposición del nuevo sistema penal acusatorio. El nuevo sistema significa poco más que una revolución procesal sin precedentes en nuestro medio. Revolución, porque de la noche a la mañana (literalmente hablando), se impone un nuevo ordenamiento y se cancela totalmente el sistema inquisitivo vigente. No es, pues, una evolución sino, una verdadera revolución, aunque tenga sus inicios solo en Coclé y Veraguas. Contrario a los países de tradición jurídica anglosajona, donde el sistema penal acusatorio se ha aplicado siempre, en Panamá se pretende imponer contra viento y marea. Históricamente ajenos a esa tradición, alguien decidió que se podía aplicar en estos rumbos y así se hará a partir de septiembre.

La imposición del nuevo sistema obedece, según sus voceros, a que el actual ya colapsó. Colapsó, dicen, porque provoca mora judicial y hacinamiento carcelario. Los voceros del nuevo sistema son los únicos responsables de que el actual no funcione cabalmente. Los que defienden a capa y espada el nuevo sistema son los mismos funcionarios judiciales que tardaban a su antojo las decisiones judiciales y encarcelaban a diestra y siniestra, violando lo establecido en la actual normativa procesal penal. Ellos destruyeron el actual sistema y son los padres del venidero. De hoy para hoy, los inquisidores se han convertido en funcionarios garantistas, respetuosos de la Ley. Son hipócritas, porque culpan a la sábana de la fiebre, para exonerarse ellos de su exclusiva responsabilidad.

Para convertir a los actuales funcionarios perseguidores en garantistas, se ofrecen cursos y charlas, viajes, seminarios y mesas redondas y vienen eminencias foráneas a dictar conferencias magistrales a los leones que se comieron hasta los huesos del actual sistema. Todo dirigido a transformarlos en felinos vegetarianos. Esta preparación académica no podrá convertir a los actuales funcionarios en garantistas y mucho menos en humanistas, condiciones morales que exige el sistema acusatorio y que no lo ofrece nuestro sistema educativo. Contrario a lo que ha sucedido en otros países (Chile, por ejemplo) aquí se quedarán trabajando en el nuevo sistema los mismos funcionarios del sistema inquisitivo, con todos sus pecados, perjuicios, dolamas y defectos. En Chile a todos los mandaron para sus casas, pues descubrieron que el nuevo sistema requería nuevas mentalidades. Es decir, no se comieron el cuento del león reciclado.

Me preocupa que aquí los encargados de vender la idea de que el sistema acusatorio resolverá los problemas de la justicia penal, no adquieran ningún tipo de responsabilidad con la sociedad. Si el sistema fracasa, como ha sucedido en Guatemala, por ejemplo, o se empantana en la confusión o en la corrupción, como sucede en Colombia o República Dominicana, y los costos se disparan, ¿quién va a responder por los millones de dólares que estamos (el Estado) invirtiendo en esta novedad? Me preocupa que los funcionarios que alegremente lo promueven actúen a la libre, sin comprometerse pecuniariamente ante un advertido fracaso de esta revolución innecesaria. Los gestores de semejante insensatez, deben decirle al País cómo y con qué responderán a los desembolsos millonarios destinados a implementar el nuevo sistema. Es lo menos que espera la sociedad.

También debo expresar mi preocupación por el costo político que tendrá que asumir el gobierno cuando el nuevo sistema se debata entre la corrupción y la confusión, la incapacidad y la impunidad. ¿Quién va a salir a explicarle al País las razones del aumento de la criminalidad y la inseguridad, el ministro de Seguridad Pública o los vocingleros del nuevo sistema? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? Ya veré a mi amigo José Raúl Mulino haciéndole frente al asunto, porque seguro estoy de que los cabecillas del nuevo sistema brillarán por su ausencia a la hora del rechinar de dientes.

Sé que el Ejecutivo ha sido engañado. Es falso que el sistema acusatorio es el remedio que cura los graves males de la justicia penal. El sistema acusatorio es contrario a nuestra tradición jurídica. Es como un mal injerto, que, más temprano que tarde, rechazará el cuerpo. Aún estamos a tiempo para evitar una catástrofe jurídico social de inimaginables proporciones.

Cumplo con dejar públicamente establecida mi posición al respecto. Que Dios nos encuentre confesados.