Por una sociedad justa: equidad en la salud y vida digna

Hace tres años la Organización Panamericana de la Salud publicó el Informe sobre Equidad y Desigualdades en Salud en las Américas, dedicado a la necesidad de construir sociedades justas, con equidad en la salud y vida digna.

Según la evidencia presentada en este informe, la mala salud se debe en gran medida a los determinantes sociales, subrayando que ciertos factores, como por ejemplo: la posición socioeconómica, la educación, el origen étnico, el género, la discapacidad y la condición de migrante, contribuyen, solos o combinados, a que haya marcadas desigualdades en la salud, frenando el progreso hacia una vida digna y el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr.

Lamentablemente, se nos vino encima la pandemia de COVID-19, y el informe pasó relativamente desapercibido, poniendo en pausa las posibilidades de considerar en serio las recomendaciones que se hicieron para lograr la equidad en la salud mediante la acción coordinada de los gobiernos locales y nacionales, las organizaciones transnacionales y la sociedad civil, a fin de abordar conjuntamente los determinantes sociales de la salud.

Pero hoy la situación es otra. Gracias al esfuerzo concertado de gobierno y sociedad, estamos controlando la epidemia, por lo que es evidente que le llegó la hora a sentar las bases para proponer la equidad en salud, como pilar de una vida digna y una sociedad justa. En ese sentido, es obligatorio que coloquemos este tema en el corazón del debate que se lleva a cabo en Mesa Única del Diálogo, trascendiendo el asunto del costo de los medicamentos, lo cual, por cierto, constituye un componente de la equidad. Pero esta, la equidad en salud, es mucho más que el precio de las medicinas.

La equidad en salud es un componente fundamental de la justicia social que indica la ausencia de diferencias evitables, injustas o remediables entre grupos de personas debido a sus circunstancias sociales, económicas, demográficas o geográficas. En ese sentido, reconozcamos que, la necesidad de mejorar la salud en las comunidades más pobres y vulnerables del país, atacando las condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas, queda demostrada al examinar los indicadores que demuestran con mayor claridad el impacto de los determinantes sociales en la salud de las personas, por ejemplo: la esperanza de vida, la mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna.

Así, mientras la esperanza de vida de un panameño de la ciudad es, por lo menos, diez años mayor que la de los habitantes de nuestras tres Comarcas, lo mismo ocurre con la mortalidad materna, que, es siete veces mayor en las Comarcas que en la provincia de Panamá y, con la mortalidad infantil, que es dos o tres veces mayor es en las Comarcas que en las provincias más ricas. El análisis de estos indicadores evidencia que en nuestro país no existe equidad en salud. No se puede decir de otro modo: existen claras diferencias injustas, evitables y remediables en el estado de salud entre grupos de panameños.

En ese contexto, el informe que señalé al inicio formuló doce recomendaciones para reducir las inequidades en salud, las cuales deben ser el norte del quehacer de nuestras autoridades en estos dos años que le restan de gobierno, pues no hemos resuelto la desigualdad que castiga en todos los sentidos a nuestras poblaciones más pobres y vulnerables.

Estamos obligados a colocar la equidad en todas las políticas, fortaleciendo los mecanismos de gobernanza —interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado— para hacer de la equidad en salud una prioridad del quehacer nacional. Y no perdamos de vista la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema económico y social inclusivo y sostenible, y la urgencia de erradicar la corrupción a fin de reducir la amenaza que implica para la equidad en la salud.

Este esfuerzo conjunto entre nuestro gobierno, la empresa privada y la sociedad en general, es necesario para crear las condiciones para que las personas puedan llevar una vida digna, caracterizada por la autodeterminación, reconociendo la indivisibilidad, la interrelación y la interdependencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y los derechos de todos los panameños.

El informe de la OPS pone de relieve que las inequidades en materia de salud no son una cuestión de “ellos y nosotros”, los excluidos y no excluidos, sino que afectan a todos los miembros de nuestra sociedad: este es el gradiente social en la salud. Pero los más vulnerables son los más perjudicados. Por esta razón, la acción sobre los determinantes sociales de la salud es necesaria para todos, pero también lo es la acción para satisfacer las necesidades específicas y las aspiraciones de las personas cuya vida se ve más afectada por la exclusión, la discriminación y las desventajas.

Es la hora de determinar los recursos y los cambios legislativos que se necesitan para llevar adelante las acciones concretas que nos ayuden a tener una sociedad más justa, en la cual todos llevar una vida digna y en la que la equidad en la salud sea una meta alcanzable.