Sustancia económica versus sociedades panameñas

Desde el inicio del viacrucis con la OCDE/UE, se ha repetido que las “offshore” panameñas son simples estructuras de “papel” que no aportan nada al país. Esta frase, maliciosamente efectiva mediáticamente, es profundamente engañosa e irreal desde un punto de vista económico.

Cierto, muchas de estas sociedades no operan físicamente en Panamá, pero el ecosistema que las sostiene siempre ha tenido una enorme “sustancia económica” local: oficinas, empleos, salarios, bancos, notarias, registros, traductores, mensajeros, asistentes legales que han aportado millones de dólares a la economía.

Hasta el año 2015, fuimos de los centros corporativos internacionales más reconocidos del mundo. Construido por abogados con visión internacional, hoy día perseguidos, que supieron combinar nuestro sistema territorial fiscal con una ley de sociedades anónimas aprobada en 1927, basada en la del Estado de Delaware, para exportar servicios legales al mundo.

Este último, el centro corporativo mundial por excelencia, no se le aplican los estándares de “sustancia” que nos imponen a nosotros; tampoco ha sido incluido en ninguna lista, nunca.

Entre el 2000-2015, era pre “Panamá Papers”, se incorporaron aproximadamente 530 mil sociedades, un promedio de 35 mil anual. Ese volumen no se sostenía con “papel”, sino con una compleja infraestructura de servicios altamente especializados. Cada sociedad significa ingresos para abogados, agentes residentes, directores nominales (no testaferros), notarios, el Registro Público y el fisco (tasa única), traducciones, certificaciones, mensajería internacional, personal administrativo, legalizaciones, apostilla y servicios bancarios.

Solo en tasas se generó cerca de mil millones de dólares para el fisco. En algunos años (2014) la recaudación superó los $100 millones anuales.

A eso deben sumarse ingresos del Registro Público, notarías, legalizaciones y apostilla, que en conjunto pudieron representar otros $500 a $700 millones adicionales.

Los honorarios por constitución, mantenimiento y administración de sociedades offshore habrían generado unos $2.5 mil millones durante ese período. Los servicios bancarios asociados añadieron probablemente entre $800 millones y $1.5 mil millones más.

Los salarios vinculados directamente al ecosistema offshore: abogados, asistentes legales, recepcionistas bilingües, mensajeros, contadores, archivistas y personal administrativo, pudo superar entre $3.25 mil millones acumulados.

En total, el ecosistema offshore generó unos $8.5 mil millones para la economía nacional aproximadamente un 2% del PIB acumulado en ese período.

Importante señalar, sobre todo ahora que estamos con un desempleo por encima del 10%: estos no eran empleos precarios. Eran plazas bien remuneradas, muchas de ellas bilingües y de clase media profesional. Miles de jóvenes panameños encontraron oportunidades laborales en firmas legales, fiduciarias y bancos internacionales gracias a la industria offshore, hoy vista por no pocos como una “Letra Escarlata” que nos debemos quitar.

Paradójicamente, mientras la OCDE/UE se enfocaron en el desmantelamiento de jurisdicciones offshore como Panamá, varios de los principales centros financieros utilizados por multinacionales globales continuaron operando dentro de países desarrollados miembros de la propia OCDE. Estudios académicos sobre centros financieros offshore (Jason Sharman, Álvaro Vargas Llosa, Andrew Morris y Lotta Moberg) identificaron a jurisdicciones como Países Bajos, Irlanda, Suiza, Reino Unido y Singapur como piezas centrales de la arquitectura financiera internacional.

El problema, entonces, nunca ha sido la existencia de sociedades offshore, sino quién puede ofrecerlas y bajo qué narrativa política.

Las presiones internacionales posteriores a la crisis financiera global (2008), los Panama Papers (2016), y la pusilanimidad de los gobiernos criollos que no supieron o quisieron defender nuestra dignidad nacional, aceleraron el deterioro de nuestro ecosistema offshore.

La consecuencia ha sigo obvia, una pérdida importante de ingresos tanto para el Estado como para el sector privado. Firmas legales redujeron personal, desaparecieron miles de empleos administrativos y cayó una parte importante de los ingresos recurrentes asociados al sector.

Lo más triste de todo fue nuestro error estratégico: aceptar muchas veces, con la cabeza baja, la narrativa de que se debía “pedir disculpas” por una actividad que, bien regulada y transparente, era completamente legítima y fuente importante de crecimiento económico, exportación de servicios y empleos calificados.

Las sociedades panameñas nunca han sido “de papel”. Detrás de cada una siempre ha habido oficinas encendidas, secretarias trabajando, abogados redactando, bancos transaccionando y miles de familias panameñas viviendo de una economía de servicios offshore que el país tardó décadas en construir y que hoy, en gran medida, está siendo desmontada por nosotros mismos.