La tala en Darién

La situación de extracción de madera en Darién, así como el cambio de uso de suelo que experimenta, finalmente transformando ecosistemas enteros en potreros, ha resultado alarmante ya no solo para los ecologistas, sino para el público en general. La irracionalidad de los movimientos de deforestación asusta a cualquiera, menos a las autoridades públicas. Es preciso comprender el marco de la situación, para dimensionar la gravedad del asunto.

Los bosques tienen muchos componentes, entre ellos, la flora, cuando esta compone materia leñosa utilizable por el ser humano, se denomina ‘producto maderable'. Su extracción y explotación comercial son parte de la civilización humana, siendo el manejo sostenible del bosque y la reforestación un paradigma de seguimiento, fundamental poder utilizar estos recursos sin que los mismos se agoten, justo como dice el artículo 296 de la Constitución Política de la República.

Las especies de biodiversidad que moran dentro del espacio boscoso, incluso los mismos árboles maderables, pertenecen al Estado, independientemente de la titularidad del suelo, por ello la tala siempre está sometida a algún tipo de permiso a otorgarse por la autoridad competente que hoy es el Ministerio de Ambiente. En el caso de bosques del Estado, que son los mayormente afectados, los permisos que establece el artículo 27 de la Ley Nº 1 de 3 de febrero de 1994 son: 1) Los domésticos (para quehaceres de construcción o reparación del hogar, para gente necesitada) y de subsistencia (para que la gente necesitada venda la madera); 2) El de administración delegada de parte del Ministerio de Ambiente a un particular o entidad; y 3) La concesión forestal. El artículo 115 establece el Permiso Comunitario para pueblos indígenas, que, según la Constitución Política, ostentan propiedad colectiva.

Casi no existen concesiones o delegaciones de administración forestal en la República, el grueso de los permisos son los domésticos y de subsistencia (2 por persona, por mes) y los comunitarios, que abarcan grandes cantidades de terreno. Sin embargo, el trabajo maderero no lo realizan los actores anteriores, a quienes va dirigido el permiso, estos suelen ceder a título oneroso su derecho al sector maderero intermediario, ávido de recibir mucha madera, a bajos precios, sin mayores restricciones de parte del Estado, estos van hacia los titulares de los permisos que suelen ser personas necesitadas, o sometidas a régimen especial… Y ahí surgen los problemas.

Dicho en otras palabras y en la práctica, es el sector maderero de bajo y mediano nivel el que gestiona los referidos permisos de ‘utilización sostenible', usando la firma de personas o colectividades susceptibles de pedirlos, quienes son los titulares de obligación de reforestar, cosa que en los primeros no se hace (porque son personas necesitadas), y en los permisos comunitarios, sometidos por su extensión a planes de manejo forestal y estudios de impacto ambiental, tampoco, porque suele existir una cantidad tradicional de incumplimientos por parte de los ‘subcontratistas' de los dirigentes indígenas, algunos al ambiente, otros muchos, al contratante. Normalmente, lo que ambas partes quieren es que se cumplan los compromisos monetarios acordados y no necesariamente la reforestación activa del bosque, dejando este tema a la ‘regeneración natural' del mismo.

Los meses de estación seca suelen ser de ‘zafra', donde, tradicionalmente, docenas de funcionarios de MiAmbiente, de todo el país, viajan a Panamá Oeste, a Darién y a las Comarcas, a verificar los árboles ‘marcados' para tala, y asegurarse de que todo lo transportado por carretera sea legal. Es una tarea titánica, hoy ayudada por fichas electrónicas que funcionan dependiendo de la cobertura celular existente (o ‘chips'), pero con dos asignaturas pendientes: la efectiva reforestación de lo que se extrae y el ojo hacia lo que se transporta en ‘grillo' a través de caminos secretos por la selva, por las vías acuáticas y los caminos clandestinos. Los nuevos ‘chips' funcionan con la madera susceptible de permiso, la ilegal, no lleva ‘chips'.

Por tanto, los enormes esfuerzos realizados por los funcionarios de MiAmbiente y la Policía Nacional, suelen caer en saco roto. Formalmente, se contabiliza la madera ‘legal', pero todo ante la incertidumbre del cumplimiento de la reforestación ordenada por la Resolución Nº JD – 005 – 98 y la restauración del hábitat ordenada los Planes de Manejo Ambiental del Decreto Ejecutivo Nº 123 de 14 de agosto de 2009, que regula la Evaluación de Impacto Ambiental.

A pesar de clamar que se han instaurado ‘controles' y que ‘se ha puesto orden', esta administración ha ‘simplificado' los permisos comunitarios, para que no lleven Estudio de Impacto Ambiental, ignorando el mandato del Decreto antes mencionado, también ha derogado el Decreto Ejecutivo Nº 83 de 2008 que prohibía la exportación de madera en troza, tucas o rollos, que exigía trabajar la madera antes de ser exportada (ahora se exporta, directamente fresca y cruda) y dejado la ‘reforestación' a la ‘Alianza por el Millón de Hectáreas', que poco tiene que ver con la situación anterior.

Las entregas del diario La Prensa, que van desde el 28 de agosto hasta el 1 de septiembre del presente año, dejaron atestiguadas varias inquietudes, centradas en los permisos comunitarios y su seguimiento: ¿por qué si incumplen con las medidas, se les siguen renovando?, ¿por qué incluyen especies amenazadas, a pesar de las actualizaciones recientes a tal lista?, ¿por qué existen tantos testimonios de personas, con nombre y apellido, que aseguran que existe un activo lavado de madera?

Nos preocupa mucho que la actitud seguida por el Ministerio de Ambiente haya sido quejarse de quienes denuncian, defender con venda en los ojos ‘ocho mil empleos', sin tomar en cuenta el costo ambiental que pueden representar, colocar en duda la reputación de quienes investigan y trivializar sistemáticamente las posibles irregularidades, en lugar de investigarlas. El jerarca del Ministerio de Ambiente ha llegado al punto de amenazar a quienes se hacen las preguntas y a quienes piden las consecuentes respuestas públicamente.

Lo cierto es que ‘simplificarles' los permisos al sector madera, violando el Decreto Ejecutivo Nº 123 de 14 de agosto de 2009 y aplicando un retroceder de la protección ambiental a los ecosistemas, es una violación a la Ley consciente y grave y, declarar que no existen problemas en Darién con respecto a la tala, cuando sigue incierta como un mito la exigencia de reforestar, también es una inobservancia que tiene consecuencias jurídicas importantes.

No se puede tapar el sol con un dedo ni tampoco pretender que los periodistas y la ciudadanía no se quejen de que hace falta muchísimo por hacer en cuanto a la sostenibilidad de la extracción de madera en Darién. Pretender que este problema de arrastre, se ha eliminado en cortos meses es tan peligroso como ignorar la severidad de los problemas ambientales del país. Esta sostenibilidad solo puede lograrse con observancia de la Ley y absteniéndose de retroceder en las medidas en su día tomadas, para la protección del ambiente y llevando la solución de la crisis a campo donde los traficantes sin escrúpulos se camuflan dentro de quienes legítimamente se dedican a la actividad maderera de esta región.

ABOGADO AMBIENTALISTA.