El 'ya no, pero todavía no': razón profunda de la impronta torrijista

En la década de 1960, aproximadamente siete mil productores poseedores de explotaciones con menos de 10 hectáreas desaparecieron; se vieron forzados a ser parte de una clase distinta de trabajadores, la de asalariados y cuasi asalariados, llamados “cuentapropistas” e “informales”. Mientras, los propietarios de las grandes explotaciones -mayores de mil hectáreas- se hicieron dueños del doble de explotaciones de las que tenían al principio de esa década, también crecieron en un 83 % en superficie acaparada. Esto, en forma resumida expresa que se dio un proceso de descampesinización, gracias al despojo sistemático de los grandes propietarios que ya era recurrente en el agro panameño.

Ejemplo de este proceso fue la desintegración de comunidades como Guineo, Las Filipinas, Tiende Ropa, Barón, La Pacora y El Harino, en el quinquenio 1960-1965, en Soná, precisamente donde familias que dicen haberse enriquecido, gracias a su “talento y esfuerzo” (chic), acapararon la mayor parte de las tierras despojadas.

La indefensión de los pobres era institucionalizada; cuando los pequeños productores procuraban titular sus propiedades, para hacer más difícil el despojo del que venían siendo objeto desde hacía varias décadas, la entidad responsable de otorgarles dichos títulos operaba con más lentitud que la administración Varela. Unos pocos campesinos alcanzaban a acceder a su protección legal; la gran mayoría de estos, no. Así, en el período de la publicitada Reforma Agraria liberal, entre los años 1963 y 1967, se registraron casi 26 mil solicitudes de títulos de fincas; solo se titularon 1059 de ellas, menos del 5 %. Por cierto, entre estos, había títulos otorgados a grandes propietarios en “tierras inadjudicables”.

Otro despojo se daba a través de la comercialización -la mayoría de las veces a manos de grandes productores a la vez, comerciantes-, se extraía una ganancia mayor que la propia ganancia del productor, pagando bajos precios al campesino y vendiendo más caro al consumidor urbano. Por ejemplo, en el período 1965-1966, un quintal de arroz era comprado al pequeño productor a 6.50 dólares; se vendía a 15.00 al mercado metropolitano, lo que evidenciaba una diferencia de 8.50 dólares, agregada en ese trámite. El “precio sostén” para proteger a los campesinos, era letra muerta.

Los Gobiernos de estos años previos a 1968, eran de ideología liberal, en sus deseos estaba desarrollar un capitalismo independiente, robusteciendo al mercado interno. Sin embargo, la estructura y composición social del Estado era tal que, en la práctica, como dijo el maestro Guillermo Castro en el Foro Social Panamá, “Aunque quisiera, no puede” (2020).

En efecto, estos gobernantes, no podían ya impulsar medidas que evitaran las inequidades como las ejemplificadas aquí. Se trataba del período de la decadencia del liberalismo de aspiraciones capitalistas industrial y agroindustrial. Ocaso, que ya lo había comenzado a observar don Diógenes de la Rosa, quien advertía, desde 1924, “que los liberales coetáneos se estaban volviendo conservadores” (Figueroa Navarro, 2000).

También, había una fuerza externa que dificultaba dar al traste con el despojo agrario: el capital imperial. Así, uno de sus organismos, que prestaba dinero para el agro, impedía que el IFE -antecesora del BDA y el IMA- aplicara con rigor el tema de la eliminación de los especuladores de los alimentos. Lo más que admitía era medidas como las que 40 años después se han aplicado: la mal llamada “cadena de frío”; la cual no resuelve el problema de los pequeños productores.

Pues bien, la impronta de la gestión cívico-militar del general Torrijos, en reacción al conservadurismo que se reinstalaba en el Gobierno y en la Guardia Nacional, impuso políticas liberales, objetadas tanto por los sectores sociales conservadores internos como por los “banqueros del imperio”. A ello obedecen las medidas como el precio sostén y la compra directa de la producción a los pequeños y medianos agricultores, entre otras.

Ya no podía seguir sosteniéndose una política de despojo a los más pobres del campo, pero todavía no estaba en capacidad de sepultar todo el régimen antiguo capitalista… la búsqueda de la unidad nacional para alcanzar la eliminación del enclave canalero, al envolver sectores conservadores del transitismo, paradójicamente, impidió al torrijismo dar ese salto. Hoy, después de ese paso descolonizador, el Estado volvió al modelo que predominó antes de 1968; nos toca a las generaciones siguientes, sepultar ese Estado simulador de democracia, concentrador de riquezas en pocas manos y vuelto a ser “Yes man”.