Torcer las reglas del juego en las contrataciones públicas

La aprobación en la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley 644, correspondiente al Presupuesto General del Estado, fuera de establecer los asientos de ingresos y gastos nacionales del Estado; constituye un atentado directo contra la integridad institucional de la nación y a la transparencia, y esto lo sentenciamos ya que camuflada, entre las articulaciones presupuestarias, la Asamblea Nacional introduce una modificación al Artículo 370, el cual hace evidente la trampa del “camarón legislativo”, diseñado intencionadamente, en esta ocasión, para desmontar los contrapesos que rigen las compras del Estado.

Bajo el pretexto insostenible de atender “circunstancias de interés público” y “atención prioritaria”, se le otorga a una masa cada vez más amplia de entidades la potestad de otorgar contrataciones por hasta un millón de balboas al margen del régimen ordinario de la Ley 22 de 2006. En este contexto, si bien esta norma existía en presupuestos anteriores, este era un mecanismo excepcional restringido a entidades que brindan servicios públicos, como el Metro, el Idaan o Etesa, y sujeto a montos menores, hoy, con esta reforma se ha convertido en una vía de adjudicación directa de contratos extendida a ministerios con volúmenes de gasto masivos como el Meduca, el MOP y el Ministerio de Gobierno. Y, peor aún, la reforma hace uso de una redacción subjetiva y ambivalente al señalar “así como las instituciones públicas tales como”, lo cual abre la brecha para que prácticamente cualquier institución reclame el mismo privilegio discrecional, con la sola justificación de “circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria”, lo cual convertirá a los directores, ministros y demás jefes de despacho en los reyes Midas que todo contrato que toquen le den esta connotación.

Multiplicar por millones la discrecionalidad bajo la excusa de la urgencia no es eficiencia administrativa; es una invitación formal a la opacidad, al favoritismo contractual y a la corrupción. La actuación de la mayoría de los diputados que votaron a favor de esta reforma es lisa y llanamente condenable, máxime de aquel que dio el voto decisivo, impulsada por cacicazgos parlamentarios acostumbrados a la negociación tras bambalinas, la quebradera de conciencias y reuniones de cuartito; por si la iniciativa pone de manifiesto la absoluta falta de escrupulosidad de una clase política enfocada en asegurar áreas de influencia y manejo directo de partidas.

Los diputados proponentes, y los alderetes que los auparon, no obraron por desconocimiento, sino con fría premeditación, al fijar un límite de un millón de balboas por contratación, supuestamente no acumulativo por proveedor, establecieron la fórmula idónea para fraccionar compras, eludir la licitación previa y repartir contratos a discreción sin someterse al escrutinio ni a los reclamos que permite el portal de contrataciones públicas.

La censura no debe reducirse al hemiciclo legislativo, la pusilánime postura adoptada por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revela una alarmante falta de coraje institucional, apresurarse a declarar ante la opinión pública que la modificación “no surgió de su despacho” constituye una lavada de manos inaceptable; el ministro responsable de la Hacienda Pública no fue nombrado para actuar como un simple observador del desmadre fiscal; su deber constitucional es defender el erario con vehemencia y rechazar cualquier disposición que pervierta la naturaleza financiera de la Ley de Presupuesto, aceptar pasivamente esta alteración dentro del proyecto enviado por su cartera equivale a ser cómplice por omisión, tan culpable es quien mata la vaca como el que le amarra la pata.

Por su parte, la figura del Presidente de la República queda seriamente erosionada, discursar sobre austeridad, transparencia y lucha contra la corrupción mientras se transige con artimañas presupuestarias deja al descubierto una profunda incoherencia, permitir que el Presupuesto General de la Nación sea utilizado como moneda de cambio para satisfacer las apetencias de su gobierno degrada la majestad del cargo ejecutivo y convierte los compromisos de un gobierno de paso firme en pura retórica.

La creación de “reglamentos especiales de contratación” aprobados a la medida de cada entidad pública fractura el principio de unificación legal del Estado y condena la fiscalización a controles extemporáneos que históricamente han derivado en impunidad. Ya el presidente anunció que sancionará este bodrio, al final quedará la vía constitucional, y ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como única salida para poner fin a este entuerto legislativo.