Un llamado a la acción

En cuanto al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril), nos enfrentamos a un desafío sin precedentes en Panamá y en el mundo. La recurrencia de desastres ambientales como el incendio en el vertedero de Cerro Patacón no solo es un golpe al medio ambiente, sino también un llamado a revisar y reforzar nuestras políticas de seguridad y salud ocupacional.

Este desastre impactó directamente a nuestros bomberos, operadores de maquinaria pesada, recolectores informales (pepenadores); a los vecinos de Cerro Patacón y a todo residente de la capital, quienes enfrentaron no solo el fuego, sino también las consecuencias tóxicas de la combustión de residuos. Este incidente refleja la urgencia de proteger a aquellos en la primera línea de respuesta ante emergencias y a quienes viven en la periferia de estas crisis, que sufren las secuelas de la inacción y la negligencia.

A pocos días de una elección presidencial crucial, es imperativo que la agenda política aborde la salud ocupacional con el rigor que la situación amerita. Me sorprende y preocupa que, a pesar de los claros riesgos y el creciente impacto del cambio climático en la seguridad laboral, solo encontramos que una de las propuestas de gobierno plantea políticas específicas de salud ocupacional a pesar de que para la contienda de este quinquenio tenemos tantos candidatos a presidentes como un equipo de baloncesto con banca incluida.

La seguridad y salud en el trabajo en nuestro país necesita tener el apoyo en lo más alto de la esfera política. Requerimos una ley que proteja a los técnicos y licenciados en seguridad y salud ocupacional, profesionales que son fundamentales dentro del equipo multidisciplinario para crear y mantener entornos de trabajo seguros en un clima cambiante en sinergia con otros profesionales. La evidencia científica es contundente y alarmante: el cambio climático está exacerbando los riesgos laborales, vinculando el aumento de las temperaturas globales con un incremento en las lesiones profesionales y las muertes relacionadas con el trabajo.

Nuestra respuesta a estos desafíos debe ser multidimensional. Necesitamos desarrollar una base académica sólida que oriente las medidas de respuesta. El conocimiento limitado en áreas críticas como el estrés térmico y la salud mental en el trabajo es una barrera para proteger eficazmente a los trabajadores. Es crucial fomentar la investigación para determinar la efectividad de las medidas preventivas y calcular los costos y beneficios de las políticas de seguridad y salud en el trabajo. No obstante, la escasez de un sistema eficiente de recolección de datos estadísticos interinstitucionales sobre enfermedades y accidentes laborales limita severamente estas iniciativas. Lo poco que se recolecta a menudo queda oculto, encerrado bajo llave por las administraciones, obstaculizando el avance necesario en la investigación científica y académica y dejando un vacío donde debería haber conocimiento accesible y acciones basadas en evidencia.

El diálogo social es imprescindible. La cooperación entre los gobiernos y los interlocutores sociales es la base para el desarrollo de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Los convenios colectivos deben incorporar disposiciones relacionadas con el clima y establecer comités de seguridad y salud en el trabajo en cada empresa que permitan un diálogo constructivo entre empleadores y trabajadores.

No podemos olvidar a los trabajadores en situaciones vulnerables, aquellos cuyas voces a menudo se pierden en el ruido de la política y la economía. Los trabajadores agrícolas, los mal llamados trabajadores informales, los obreros de la construcción, y tantos otros expuestos a condiciones laborales extremas requieren protecciones adicionales. Así mismo, es imperativo dar visibilidad política al nexo entre clima y salud, como se destacó en la COP28.

Las empresas, por su parte, deben desempeñar un papel activo en las estrategias de mitigación del cambio climático. La industria, significativa fuente de emisiones, tiene el potencial y la responsabilidad de adoptar prácticas sostenibles que reduzcan su huella de carbono y, por ende, su impacto sobre la seguridad y salud de los trabajadores.

Por último, debemos reconocer que las prácticas ecológicas también pueden plantear nuevos desafíos en materia de salud y seguridad ocupacional. Las tecnologías verdes, aunque esenciales para una economía sostenible, pueden llevar consigo riesgos desconocidos que deben ser evaluados y gestionados.

El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo debe servir como un punto de inflexión para Panamá y el mundo. No podemos permitir que incidentes como el de Cerro Patacón se repitan. Las elecciones presidenciales son una oportunidad para reivindicar la salud y la seguridad de los trabajadores como una prioridad en la agenda nacional. Panamá debe tomar una posición firme, asegurando que las voces de los trabajadores sean escuchadas y que su bienestar sea protegido ante la adversidad climática. Solo así podremos garantizar un futuro de trabajo seguro, saludable y justo para todos.