Una propuesta para mejorar el mercado laboral

Los últimos datos del mercado laboral panameño no son alentadores. Tener una economía donde cerca del 50 % de los trabajadores se encuentran en la informalidad debería preocupar seriamente al Gobierno, no solo por su impacto en el bienestar de los ciudadanos, sino también por sus consecuencias en las finanzas públicas.

Combatir la informalidad requiere, ante todo, comprenderla. La economía informal es profundamente heterogénea: no es lo mismo quien trabaja para subsistir o auto consumirse que aquel que tiene potencial de crecimiento y formalización. Por eso, la primera tarea no es ordenar a los informales que se formalicen, sino entender los costos y barreras que enfrentan.

La formalización conlleva costos monetarios y no monetarios; uno de los más relevantes es el tiempo. El Estado panameño, sobredimensionado y burocrático, ha multiplicado trámites, regulaciones y obstáculos que desincentivan la legalidad. A esto se suma un mercado laboral rígido y fuertemente regulado, que limita la entrada y salida tanto de empresas como de trabajadores.

Ante este panorama, el Gobierno debería crear una mesa de trabajo interinstitucional compuesta por el sector privado, el Ministerio de Trabajo, la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Educación, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Desarrollo Social y representantes empresariales. De esta mesa deberían surgir, al menos, nueve acciones estratégicas:

1. Revisión integral del marco regulatorio. Analizar leyes, decretos y trámites que obstaculizan la atracción de inversión extranjera directa, la formalización y la creación de nuevas empresas. Reducir costos legales y laborales para incentivar la formalidad.

2. Diagnóstico real de la informalidad. Aplicar encuestas que identifiquen las causas y características socioeconómicas de quienes trabajan fuera del sistema formal. Esto permitiría distinguir entre actividades de subsistencia y aquellas con potencial de escalamiento y formalización.

3. Simplificación y reforma tributaria. Revisar el sistema actual y las leyes para Mipymes. Reducir tasas impositivas o, idealmente, implementar un sistema de Flat Tax que garantice igualdad ante la ley. Experiencias internacionales muestran que esto puede aumentar la recaudación, conforme a la lógica de la curva de Laffer.

4. Reducción del tamaño del Estado. Panamá, con más de 90 instituciones públicas para 4.3 millones de habitantes, necesita una administración más eficiente. Limitar el Estado a sus funciones esenciales permitirá mejorar el gasto público y liberar a los ciudadanos del intervencionismo que asfixia la actividad económica.

5. Reforma educativa integral. Adoptar un sistema mixto que subsidie tanto la oferta como la demanda educativa. La competencia entre instituciones elevará la calidad académica y dotará a los jóvenes de mejores habilidades y conocimientos.

6. Descentralización económica. Impulsar la producción y la inversión más allá de la zona canalera, promoviendo incentivos para que empresas del interior alcancen economías de escala y se inserten en la globalización. Una estructura productiva más diversificada fortalecerá la productividad nacional.

7. Apertura comercial. Eliminar proteccionismos que, bajo el argumento de “sectores estratégicos”, han perpetuado la ineficiencia y reducido la competitividad. Un verdadero libre mercado estimula la innovación y la productividad.

8. Reforma del Código Laboral. Actualizar un marco normativo que lleva más de tres décadas sin revisarse. Modernizar los artículos que encarecen la contratación sin sacrificar derechos laborales permitirá dinamizar la creación de empleo formal.

9. Industrialización del agro. La informalidad tiene una alta incidencia en el sector agropecuario. Se requiere facilitar la importación de bienes de capital, eliminar barreras y promover la modernización tecnológica del campo para elevar su productividad.

En conclusión, reducir la informalidad no depende de más subsidios ni de más leyes, sino de un cambio de enfoque. Es necesario construir un entorno donde formalizarse sea simple, rentable y libre de castigos regulatorios. Panamá necesita un Estado que deje de obstaculizar la creación de riqueza y se limite a garantizar las condiciones para que sus ciudadanos puedan generarla. Solo así podremos transformar el círculo vicioso de la informalidad en un círculo virtuoso de productividad, competitividad y prosperidad.