Venganza o castigo

A pesar de sus raíces anglosajonas, la democracia y el sistema político de los Estados Unidos es considerado como un modelo y ejemplo de admiración para muchos de nuestros países en América Latina. La columna vertebral de este sistema es la Constitución de 1787, que, sin duda alguna, constituye el pilar de la cultura política de ese país. Allí se plasman los derechos fundamentales y las garantías para el debido funcionamiento de los Estados Unidos, bajo las reglas de un Estado de derecho. Su Constitución tiene algo de Montesquieu, por aquello de las fuerzas equilibradas que se contraponen entre sí para evitar el surgimiento de la tiranía (frenos y contrapesos) y también adopta conceptos de John Locke, en cláusulas que garantizan el debido proceso, juicios con jurados, prohibición de fianzas excesivas y “castigos crueles e inusuales”.

Tomando en consideración estas premisas, resulta extraño que, en ese gran país, bastión inexpugnable de la libertad y defensor de los derechos humanos, se hayan dado las condiciones para la creación de lo que se conoce como la lista Clinton, llamada así porque fue emitida en 1995, a través de una orden ejecutiva durante esa administración. Funciona y opera en la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro y tiene como objetivo designar a personas o empresas que estén supuestamente vinculadas al terrorismo o que tengan relaciones con dineros provenientes del narcotráfico.

Los efectos de la lista Clinton son devastadores. Les impide a empresas o a ciudadanos de los Estados Unidos mantener ningún tipo de vinculación con las empresas designadas y, específicamente, les prohíbe llevar a cabo transacciones comerciales y negocios. En pocas palabras, es una declaración de muerte financiera para los designados. Esta pesadilla, supone la cancelación de cuentas bancarias, tarjetas de créditos, seguros de vida o de hospitalización y, por consiguiente, obliga a las empresas a operar con dinero en efectivo únicamente. La gran mayoría de los proveedores no les puede vender, los clientes están obligados a pagar en efectivo y al no poder comprar, los inventarios de las empresas se ven severamente afectados por este proceso de muerte lenta, hasta sucumbir. Las empresas que no logran salir de esa nefasta lista en un tiempo prudencial se ven obligadas a cerrar o a vender y de paso, despedir a todos sus colaboradores, ocasionando daños colaterales de incalculables consecuencias.

Resulta paradójico que, para entrar en esta lista negra, los funcionarios de la OFAC solo necesitan tener una duda razonable y en ocasiones, con muy pocas pruebas. Tampoco dicen las razones por las cuales te han designado. Y lo que es más grave, no es necesario tener un auto de acusación o proceso penal (“indictment”). Se trata, pues, de un mero trámite administrativo cuyas consecuencias rayan en una flagrante violación de los derechos humanos. El argumento es sencillo. Para incluir a personas o empresas en la lista, no requiere de la existencia previa de ningún proceso judicial donde, al menos, la Ley exige que se muestren las pruebas y se garantice el legítimo derecho a la defensa, bajo la premisa del sagrado principio de la presunción de la inocencia, hasta que se pruebe lo contrario. Con la lista Clinton nada de eso es válido.

El poder y la influencia de los Estados Unidos en nuestras sociedades es de tal magnitud, que los Gobiernos nacionales, que están supuestos a velar y defender a las empresas y a las personas afectadas por la OFAC, en ocasiones miran para el otro lado y hacen poco o nada para ayudar a sus conciudadanos. Esa forma de actuar por parte de los Gobiernos del área no solo contraviene normas vigentes o viola artículos de las constituciones de muchos países, sino que, además, vulnera la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

A pesar de que hay varias corrientes de pensamiento en los Estados Unidos que abogan por una reforma integral de esta facultad administrativa del Tesoro, la realidad es que, en las condiciones actuales, es poco probable que se logre un debate franco y sincero sobre el tema. Mientras tanto, ¿quién repara el daño moral, económico y la reputación de todos aquellos que, sin una causa justificada, han tenido que soportar los rigores de esta injusta lista que viola los más sagrados principios de justicia y libertad?

Mientras no se logre enmendar ese decreto ejecutivo, habrá mucha gente que seguirá sufriendo las consecuencias de estas acciones que algunos interpretan como un acto de venganza o castigo. Podrás pensar que es por una causa o por la otra y quizá, hasta por otras razones, pero eso, es mejor dejarlo como reflexión a tu conciencia.