Tragedia a la vista

Los panameños tenemos esperanzas de que el Gobierno se pronuncie a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para definir de una vez por todas las disposiciones legales en materia de salud pública para ordenar el lanzamiento de programas dirigidos a detener la crisis de obesidad y diabetes que afecta a la población.

Los datos muestran que en Panamá entre 1980 y 2015, la proporción de personas con sobrepeso y obesidad aumentó de 32 % a 67 %, y que la diabetes es la cuarta causa de muertes. Por tanto, los programas educativos debieran promover la práctica de actividad física y el consumo de frutas y vegetales, así como también la regulación de alimentos dañinos que contienen exceso de azúcar, sal y grasas saturadas.

En otros países, la crisis de obesidad ha obligado a las autoridades a desarrollar campañas de prevención para mejorar el nivel de salud de la población. Por ejemplo, asignan números positivos del 1 al 10 a caminar, correr, nadar, comer alimentos naturales y beber agua, y números negativos a fumar, tomar alcohol, no hacer deportes, beber sodas, comer comida chatarra y ver televisión. La idea es que la población realice actividades que sumen puntos y evite aquellas que restan. Los resultados posteriormente se comparan entre barrios, ciudades y países, y así se determinan quiénes mantienen estilos de vida de alto riesgo para luego aplicar medidas de rigor.

Existen otras herramientas en base a evidencias científicas que ofrecen enfoques coordinados de información y asignan recursos para eliminar factores de riesgo de salud. Pero más allá de las ideas y los programas que cada país adopte, está pendiente el cómo medir la responsabilidad legal de las empresas que fabrican alimentos malsanos y establecer los costos por las externalidades de sus actos.

Sabemos que los consumidores tenemos la responsabilidad de vigilar nuestra salud personal, pero nadie exime a las empresas y a las autoridades de identificar las asimetrías de información y eliminar los aspectos que socavan la capacidad de las personas para actuar en su propio interés. Por eso es oportuna la publicación en enero 2017 del estudio de la Asociación Americana de la Diabetes (AAD) que señala a la obesidad como el principal factor de riesgo de la diabetes y recomienda puntualmente hacer ejercicios físicos y comer alimentos saludables. También incluye un capítulo sobre las consecuencias psicológicas y emocionales de la diabetes, y una guía para la detección de la enfermedad asociada a la angustia, la depresión y la ansiedad.

Igualmente, el informe de la AAD ofrece información valiosísima acerca de proveedores de servicios y productos asociados a la diabetes. Las preocupaciones financieras, el acceso limitado a la atención médica, la carencia de seguros y la inseguridad alimentaria se reconocen como barreras para el tratamiento de diabéticos. La eliminación de estas disparidades en los servicios de salud es fundamental y constituye un enfoque culturalmente apropiado en lograr un mayor apoyo de la comunidad a nivel del sistema.

Los crecientes niveles de obesidad cada vez más severos significan que mundialmente las poblaciones se acercan con mayor rapidez al borde de una epidemia catastrófica de diabetes. Las últimas estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes pronostican que mil quinientos millones de personas vivirán con diabetes en 2040. Frente a este escenario, resulta necesario implementar medidas dirigidas a eliminar factores de riesgo y definir estrategias para manejar las enfermedades resultantes.

Sin embargo, para muchos países como Panamá, donde ya rebasamos el punto de inflexión, es urgente aplicar medidas de crisis. No en vano la Organización Mundial de Salud publicó en septiembre pasado un informe pormenorizado sobre la Obesidad y sentó las bases para un manejo regulatorio durante los próximos 20 años. Y una cosa quedó clara: todo está sujeto a revisión, incluyendo el papel de la nutrición, la actividad física, la planificación urbana, los sistemas alimentarios, la agricultura, el cambio climático, la economía, la gobernanza y la política, el derecho, los negocios, las normas de etiquetado, el marketing y la comunicación, entre otros.

En consecuencia, el Gobierno panameño no puede postergar ni un día más su responsabilidad de proteger la salud de la población y debiera establecer de inmediato un marco institucional que sea efectivo para enfrentar el desastre que tenemos encima y promover como agenda de Estado nuevos estilos de vida y mejores hábitos alimenticios. Únicamente así se evitaría caer víctima de esta tragedia.

EL AUTOR ES EMPRESARIO Y CONSULTOR EN SALUD PÚBLICA.