Ley 30 vs libertad del trabajador

Si hay algo que los dirigentes sindicales y gremiales parecen no haber sabido explicar en los medios de prensa a su alcance con la profundidad del caso, ha sido el porqué de su rechazo a los artículos 12,13 y 14 de la conocida ‘Ley Chorizo’. Ante tal deficiencia, los voceros gubernamentales se han instalado en la discusión de las cotizaciones a sindicatos y han sabido difundir la imagen que tal rechazo obedece a un ‘modus vivendi’ parasitario de los líderes sindicales con base en las cuotas de sus agremiados. Es más, han vendido la idea de que se trata de una especie de favor que le hacen a los trabajadores otorgándoles la ‘libertad’ de decidir si quieren o no pertenecer (cotizar) a un sindicato.

Parece que los propios voceros sindicales han olvidado, unos y no quieren reconocer por razones de su infantilismo de izquierda, otros, la razón que introdujo esta figura de la cotización obligatoria en el código de trabajo de 1972, a saber: La asimetría de poderes para negociar acuerdos dignos entre las partes laboral y patronal.

Antes de ésta fecha, la práctica usual era que ésta última le imponía sus términos leoninos —bajísimos salarios, ninguna estabilidad, ninguna garantía de condiciones de trabajo dignas— a la parte laboral, dada la debilidad de la autonomía de las organizaciones que los representaban —en el afortunado caso en que esta existiera en una empresa cuyo sostén importantísimo eran los fondos para sostener una huelga, en el escenario de que fuera necesario ejecutarla.

Contrario a lo que los sectores empresariales ideológicamente más atrasados del país siempre han afirmado, los conflictos obrero—patronales que implicaban grandes reyertas, carcelazos, bayonetazos, uso de armas de fuego, etc., se redujeron sensiblemente. Basta recordar los grandes conflictos en las propias zonas bananeras, en los ingenios azucareros, para no mencionar la lista extensa anterior a los años setenta.

En realidad, permitirle a las organizaciones que representan la parte laboral que cuenten con recursos financieros —donde la cuota es prácticamente la única fuente con la que cuentan— es equivalente a permitirle a los(as) trabajadores(as) tener autonomía a la hora de negociar cada cierto tiempo una convención colectiva. Es allí cuando requieren conservar su libertad y dejar de aportar es sinónimo de perder esa autonomía reduciendo su capacidad de pactar mejores condiciones de trabajo, un salario y trato más dignos, especialmente en las empresas que aún están lejos de asumir una verdadera Responsabilidad Social Corporativa.

Además y de esto hay múltiples evidencias, el empleador se encarga de condicionar la contratación de un(a) trabajador(a) a la ‘decisión autónoma’ de no querer pertenecer a un sindicato, no cotizando al mismo. ¿Cuál trabajador(a) necesitado(a) de un empleo se opondrá a esta condicionante patronal?

La supuesta libertad para decidir si se aporta o no a una organización laboral, resulta un espejismo para los(as) trabajador(es), quienes pierden mucho más si están aislados de una organización que los represente. Si a esto le sumamos el artículo de la Ley 30 dirigido a quitarle toda fuerza a las huelgas, permitiendo que no se paralicen las faenas, a pesar del ejercicio de ese derecho universal, concluimos que estas medidas son absolutamente contrarias a un sistema auténticamente democrático.

Tales escenarios que exigen una opción preferencial hacia los pobres, en este caso trabajadores(as), son los que visualizó hace más de un siglo el Papa León XIII —para nada izquierdista ni cosa parecida— quien a la sazón declaró que: ‘La gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública, la clase humilde, por el contrario, carente de todo recurso, se confía principalmente al patrocinio del Estado. Éste deberá, por consiguiente, rodear de singulares cuidados y providencia a los asalariados, que se cuentan entre la muchedumbre desvalida’. (Encíclica Rerum novarum, 29)

Lo actuado por el gobierno actual, niega rotundamente este principio cristiano, en tanto que desprotege a la ‘clase humilde’ —como las llamó este pontífice católico—, otorgando más poder a quien ya lo posee.

*SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.