Agua y vida...

Mediante la Resolución 64/292, del 28 de julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento. Ambos son determinantes para todo conglomerado humano. El deber fundamental del Estado es garantizar la vida, de modo que con la oferta electoral: ‘Cien por ciento agua potable y cero letrinas', lograron el objetivo propuesto. Sin embargo, de eso a pretender ahora promover el lucro con un servicio público indispensable merece el rechazo absoluto, es un atentado, a todas luces inadmisible por irracional y violatorio del derecho humano por excelencia, que es el derecho a la vida. La crisis del agua exige un abordaje responsable, integral y multidisciplinario, para cuya realización es necesario incorporar la educación en el doble contexto del hogar y las aulas de clases. El censo de las cuencas hidrográficas, su protección real, mediante la reforestación de los bosques de galería y su salvaguarda, constituyen elementos indispensables. Es inaplazable una regulación estricta del uso de agroquímicos; la ganadería extensiva debe ser sustituida, en el menor tiempo posible. La construcción de rellenos sanitarios y la protección de los manglares son igualmente imprescindibles; además la deforestación y la quema intencional deben ser penalizadas. Ni improvisación ni demagogia, lo que está en juego es la preservación de nuestra especie.