Derecho a réplica

El periodismo panameño se encuentra en una encrucijada histórica. El avance del Proyecto de Ley 391 en la Asamblea Nacional no es solo un debate técnico; es una señal de alerta sobre los límites de la libertad de expresión. Este diario sostiene que la buena praxis periodística es el único escudo legítimo contra la desinformación, pero rechaza que el Estado pretenda convertir la ética en un garrote punitivo que asfixie la sostenibilidad de los medios. El derecho a la réplica y la rectificación son herramientas de rigor que garantizan el equilibrio y la confianza ciudadana. Sin embargo, transformar la autorregulación en una norma de cumplimiento forzoso bajo amenaza judicial —con plazos de apenas 48 horas— desvirtúa la autonomía editorial. Resulta, además, alarmante la intención de trasladar responsabilidades legales y económicas a los propietarios por expresiones de terceros. Esta medida no busca fortalecer la honra, sino silenciar la fiscalización mediante el miedo financiero. No olvidemos que la ética no se impone a garrotazos. Una democracia sana no silencia a quien investiga la corrupción; exige rigor a quien informa. Panamá exige un periodismo que proteja la dignidad humana sin claudicar ante la censura. La transparencia se logra con profesionalismo, no con leyes que tutelan el pensamiento.