Elegir al defensor del pueblo

Estamos a las puertas de una decisión que puede fortalecer o debilitar la defensa de los derechos humanos. El proceso para elegir al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo ya inició. Más allá del trámite formal en la Asamblea Nacional, el país enfrenta una pregunta de fondo: ¿quién defenderá realmente a los ciudadanos cuando sus derechos sean vulnerados? Organizaciones de la sociedad civil ya han levantado la voz para exigir que la elección sea transparente, participativa y, sobre todo, independiente de los intereses políticos. Y es que la Defensoría no puede convertirse en una extensión de ninguna autoridad o poder económico, sino en una institución capaz de exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. El llamado no es menor. En un país donde persisten denuncias sobre abusos policiales, conflictos sociales, problemas ambientales y reclamos de comunidades vulnerables, la Defensoría debería ser la primera puerta a la que acude el ciudadano común cuando siente que el poder le ha dado la espalda. Sin embargo, esa función solo es posible si quien encabeza la institución tiene independencia real, solvencia moral y una trayectoria comprobada en la defensa de los derechos humanos. No basta con cumplir requisitos legales; se requiere credibilidad y valentía para incomodar al poder cuando sea necesario. Pese a las enormes decepciones que ha dado la Asamblea en los últimos años, nuevamente tiene la responsabilidad de demostrar que entiende el momento. Panamá necesita un Defensor del Pueblo que escuche a la gente, no a intereses económicos y políticos ligados al poder. Porque cuando los derechos fallan, la democracia queda en riesgo.