Irene Orillac de Simone, presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), analiza el impacto de las tasas de interés en el acceso a la vivienda,...
La reciente comparecencia de funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ante la Asamblea Nacional dejó al descubierto una situación preocupante. La entidad no cuenta con indicadores claros para medir su desempeño ni con datos concretos sobre niños que han escapado de los albergues bajo su administración. Ante preguntas directas de los diputados, la respuesta fue simple: “no tenemos esa información”. No se trata de un detalle técnico. Sin indicadores de gestión ni datos confiables es imposible evaluar si las políticas públicas están funcionando o si los menores bajo protección del Estado están realmente seguros. En un sistema encargado de custodiar a cientos de niños en decenas de centros de atención, la ausencia de métricas es, en sí misma, una señal de alarma. Un hecho que viene a llover sobre mojado dada la gravedad del contexto institucional de la entidad: cambios de dirección abruptos y constantes, denuncias de abusos en albergues que se repiten una y otra vez sin respuestas y un descalabro total de la imagen institucional. ¿Qué espera el país para abrir un debate serio y responsable sobre la reforma de la Senniaf? Es más que clara la necesidad de cambiar la entidad, pero con cambios radicales que vayan a la raíz: la creación de una nueva institución de protección a la niñez, con autonomía real, sistemas de rendición de cuentas, presupuesto adecuado, indicadores obligatorios de desempeño y supervisión externa permanente. La protección de los niños no puede depender de instituciones débiles ni de improvisaciones administrativas. Si el sistema actual no garantiza transparencia, control y resultados, el país tiene la obligación moral de reconstruirlo desde sus cimientos. Porque cuando falla la institución encargada de cuidar a los más vulnerables, falla también el Estado.