Auditar e investigar sin excepciones

Las auditorías de la Contraloría y las investigaciones del Ministerio Público deben responder a un principio elemental: ningún expediente puede avanzar o detenerse por el nombre del funcionario involucrado, por el gobierno al que perteneció o por el peso político del caso. En los últimos meses se han conocido auditorías, secuestros preventivos de bienes y fondos, así como procesos judiciales de alto perfil contra exfuncionarios de la pasada administración. Algunos casos han derivado en imputaciones, medidas cautelares y actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Es el curso que corresponde cuando existen elementos que ameritan una investigación. Pero el rigor no puede agotarse allí. Según ha conocido La Estrella de Panamá, existen auditorías ya remitidas al Ministerio Público cuyo curso aún no se conoce públicamente. Eso no permite concluir que estén paralizadas, pero sí hace legítimo preguntar qué ha ocurrido con expedientes de evidente interés público. Investigar no es condenar. Una auditoría tampoco establece, por sí sola, responsabilidad penal. Justamente por eso cada institución debe cumplir su parte: la Contraloría, auditar sin preferencias; el Ministerio Público, valorar los informes que recibe y, cuando existan elementos suficientes, investigar con diligencia e independencia. No se trata de exigir persecuciones ni culpables anticipados. Se trata de algo bastante más sencillo: que la vara sea la misma para todos y que ningún expediente importante termine perdido entre dilataciones, tiempos indefinidos o conveniencias.