Cárceles, sin solución ni enfoque

La fuga masiva de privados de libertad de La Joyita es el fracaso de la política penitenciaria en Panamá. No solamente de la incapacidad de las actuales autoridades del Gobierno central para atender el asunto, sino también un problema estructural que hoy se expresa en esa falla grave de seguridad, que tiene a más de 60 prófugos vinculados a homicidios, tráfico de drogas, robo y delitos sexuales. Panamá no tiene una política coherente y sostenida sobre las cárceles y, mientras no se cambie el enfoque del problema, seguiremos hundidos en el mismo punto: las prisiones como depósitos humanos desde donde operan las bandas criminales. Peor aún es la respuesta del Estado, que sigue atrapada en una lógica reduccionista: más cárceles, más muros, más encierro. Se anuncian proyectos que superan los $257 millones, incluyendo un centro en Las Garzas, otro en provincias centrales y una prisión de máxima seguridad bajo el modelo de Asociación Público-Privada. Aunque no está mal modernizar las vetustas estructuras, algunas de ellas ni siquiera diseñadas para ser prisiones, se comete el error de ignorar que el problema no es solo penitenciario, sino social, económico y estructural. El hacinamiento, la reincidencia y la falta de rehabilitación no se resuelven con concreto y rejas, sino con educación, empleo y prevención del delito desde su origen. Persistir en la idea de “mega cárceles”, vinculadas a regímenes dictatoriales como los de El Salvador o Nicaragua, es admitir el fracaso de la política pública. Sin una estrategia integral, el sistema seguirá siendo una fábrica de reincidencia y crisis. La seguridad no se construye únicamente levantando muros y encerrando personas en un calabozo.