Coiba: Traslado de privados de libertad y la flagrante violación a la Ley 44

El Parque Nacional Coiba, invaluable patrimonio natural de Panamá y motor del ecoturismo, enfrenta una regresión inaceptable. Como ya lo hemos contado en este espacio durante estos días de polémica sobre este caso, el sorpresivo traslado de privados de libertad a la isla ha encendido todas las alarmas, amenazando la paz social y a la empresa privada comunitaria que dignamente subsiste del turismo sostenible. El rechazo a esta medida tiene un fundamento jurídico irrefutable, pues la legalidad no es una sugerencia. La Ley 44, normativa que crea y rige este santuario ecológico, es tajante: su artículo 5 prohíbe expresamente cualquier ocupación humana o actividad ajena a la conservación, la investigación científica o el ecoturismo. Reinstalar un presidio vulnera el plan de manejo y pisotea los compromisos internacionales adquiridos por el Estado panameño. Frente a esta contundente realidad, el Ministerio de Ambiente se escuda asegurando que no se construirán nuevas infraestructuras. Este argumento resulta técnica y legalmente insostenible. Las instalaciones penitenciarias arrastran décadas de abandono; las celdas más recientes datan de los años noventa y el recinto no opera como cárcel desde hace 22 años. Albergar a reos calificados de “alta peligrosidad” expone una grave disyuntiva: o se confina a estas personas en ruinas riesgosas, o se ejecutan trabajos de adecuación en abierta violación al punto 3 de la legislación, que veda estas obras. Mientras nuestro delicado ecosistema se compromete, el mutismo oficial impera. Las autoridades callan sobre la temporalidad de la medida, los nuevos protocolos de seguridad y el impacto directo contra la ciencia. Un Estado de derecho no improvisa a costa de su mayor joya natural.