Contrato minero

Desde el 89 hacia acá, Panamá ha tenido siete gobiernos. En todos, la minería a cielo abierto no ha sido rechazada; por el contrario, cada uno tuvo su accionar en el tema. Hoy, tras la declaratoria inconstitucional por la Corte sobre el contrato minero anterior, el actual gobierno negoció uno nuevo que está sometido a aprobación en la Asamblea. Varios grupos cuestionan el contrato, aduciendo que es leonino y que sus negociadores son peor que el francés Philippe Bunau-Varilla, quien negoció con Estados Unidos la separación de Panamá de Colombia a cambio de una franja de nuestro territorio a perpetuidad y en el cual se construyó el canal de Panamá. Pero lo cierto es que Panamá abrió las puertas a la empresa minera para la exploración y luego explotación de cobre en Petaquilla. Firmó un contrato y cuando empieza la extracción del mineral, y después de una inversión de siete mil millones de dólares, la Corte de Panamá dice que el contrato es inconstitucional. El nuevo contrato en la Asamblea, sin duda, supera en beneficios a Panamá comparado con el contrato original declarado inconstitucional. Las preguntas que caben responder son ¿si la Asamblea rechaza el contrato, hay garantías de que la empresa quiera negociar otro o activará el arbitraje internacional que hoy tiene en suspenso? En ese arbitraje, ¿tenemos los panameños la posibilidad de ganarlo? Si lo perdemos, ¿cuál es el cálculo de lo que tendría que pagar Panamá a la empresa minera? Son preguntas claves que todos debemos responder, porque parece que nadie recuerda que antes de declarar inconstitucional este contrato, los panameños parecían muy cómodos con esa explotación minera. ¡Así de simple!