Crisis del Legislativo

La legislatura que termina hoy en la Asamblea Nacional reafirmó la percepción ciudadana de que el quehacer político en Panamá es más un acto performativo que un acto para cambiar la sociedad. Jorge Herrera y el autodenominado “bloque opositor” hablaron de modernización, transparencia y ruptura con el pasado, pero el resultado no fue otra cosa que continuidad disfrazada de renovación. Fuera de medidas mínimas, cerró su período sin concretar la reforma al Reglamento Interno, presentada como eje central de su propuesta de cambio institucional. Esa omisión no es un detalle técnico, sino el reflejo de los límites reales del Legislativo para reformarse a sí mismo. Un problema que incluso supera al propio Herrera y se expresa también con fuerzas políticas como los independientes, estos últimos también imbuidos en las mismas prácticas, inercias y equilibrios políticos que dicen combatir. La promesa de ser contrapeso del Ejecutivo se diluyó en negociaciones, acuerdos circunstanciales y agendas fragmentadas. A partir de ahora, indistintamente de cuál sea el resultado de las próximas elecciones de la junta directiva de la Asamblea, la ciudadanía observa con un razonable escepticismo que los mismos patrones se volverán a repetir: reformas anunciadas que no avanzan, compromisos de transparencia que se quedan a medias y una institucionalidad que parece más preocupada por su supervivencia interna que por su función de control político. El reto no es solo cambiar nombres o bancadas, sino redefinir el papel de la Asamblea como verdadero poder del Estado. Mientras eso no ocurra, cualquier “nueva alternativa” corre el riesgo de convertirse en más de lo mismo, y el contrapeso al Ejecutivo seguirá siendo, en la práctica, una promesa incumplida, lastrando profundamente la ya famélica democracia panameña.