El agua en Panamá

En un país hídrico resulta incomprensible e inaceptable que miles de panameños vivan con el grifo seco. La suspensión constante del servicio en distintos sectores no se justifica ni por condiciones climáticas ni por limitaciones técnicas: es, ante todo, reflejo de una mala planificación y de una gestión deficiente. El caso de la planta potabilizadora en construcción en Arraiján, pieza clave para garantizar el suministro en Panamá Oeste, es un ejemplo dolorosamente claro. A pesar de su importancia estratégica, el proyecto avanza a paso de tortuga, arrastrando deficiencias técnicas y absurdos administrativos como la falta de conexión de agua y electricidad. Pero el problema va más allá. Da la impresión —y no es una percepción aislada— de que a algunos les conviene que esta necesidad persista. Cuando el agua se convierte en una mercancía escasa, se abre la puerta a negocios y negociaciones que lucran con la carencia de una población que vive cargando agua en baldes y paga un costo económico que no debería existir. La solución está clara: voluntad política, supervisión estricta y trabajo conjunto entre instituciones, comunidades y el sector privado. Panamá no puede permitirse seguir administrando la escasez como si fuera inevitable. El agua es un derecho, no un privilegio ni una ficha de negociación.