Con un consumo per cápita de hasta 400 litros diarios —el más alto de la región—, Panamá enfrenta una crisis de eficiencia donde la mitad del agua procesada...
Por distintos motivos, la propuesta de reformas a la Caja de Seguro Social no ha calado como se esperaba en los diferentes sectores de la sociedad. Como es bien conocido, este gobierno le ha apostado a terminar la crisis de la CSS, tanto en el sistema de pensiones como en el de salud, a diferencia de sus inmediatos antecesores que han preferido transitar el camino de la indiferencia ante este problema. Sin embargo, el panorama se complica y no se augura un buen final si intervienen intereses ajenos y si el tinte político - quizá con una pizca de extorsión- cobra fuerza. La propuesta presentada por la bancada de diputados del oficialista partido Realizando Metas, liderado por el expresidente Ricardo Martinelli y la bancada mixta (Partido Popular-Alianza y Molirena), para implementar un gravamen a los préstamos y depósitos interbancarios como una alternativa para garantizar la sostenibilidad financiera de la CSS, ha dejado al descubierto las fricciones existentes entre el líder del partido oficialista y su bancada con el gobierno del presidente, José Raúl Mulino. El país necesita una gestión eficiente y un norte claro que garantice un avance sin tumbos y sostenible. Es mucho lo que está en juego, y el gobierno, tal como dice su eslogan, “con paso firme” debe velar por lo que le conviene a su gente. Que prevalezca el debate genuino en la Asamblea en pro de los panameños y que no imperen las negociaciones a puertas cerradas, en las que siempre salen favorecidos los de cuello blanco. Hay que decirlo con franqueza, el Ejecutivo, está llevando a cabo su apuesta, arriesgada, podríamos decir, que tendrá grandes complejidades; por ello es necesario neutralizar a quien o quienes - desde su supuesto poder- la quieran empañar