El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
Hay una vieja costumbre fiscal que parece resistirse al paso del tiempo: cuando el Estado necesita recaudar, mira primero hacia donde resulta más sencillo cobrar. El anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas de aplicar una retención del 7% a las compras y servicios digitales vuelve a poner esa práctica sobre la mesa. La lista cabe casi entera en la vida de cualquiera: Netflix, Disney, Spotify, Zoom, Amazon, Temu, Airbnb. También Uber, inDrive y PedidosYa. Son servicios que dejaron de ser una novedad para convertirse en parte del consumo cotidiano, del trabajo y, en muchos casos, del presupuesto familiar. El MEF sostiene que no se trata de crear un impuesto, sino de cerrar un vacío y colocar a la economía digital bajo las mismas reglas que el comercio tradicional. Puede ser una discusión legítima. Pero hay otra que resulta inevitable: si el objetivo es gravar a las plataformas, ¿por qué la primera factura llega al usuario? Ahí aparece, otra vez, la clase media profesional. La que tiene un salario formal, una tarjeta, compra por internet, paga suscripciones, utiliza herramientas digitales y cumple. Es el contribuyente visible. El que está a mano. También está Uber e inDrive. Si el transporte terrestre de pasajeros está exento de ITBMS, ¿por qué debería cambiar su naturaleza porque se contrata mediante una aplicación? El MEF calcula recaudar unos 100 millones de dólares. No es una cifra menor. Pero si la evasión fiscal se cuenta en miles de millones, la pregunta es inevitable: ¿por qué resulta más fácil cobrar al que compra Netflix que perseguir al que evade millones? Cobrar el 7% es sencillo. Recuperar lo que se evade exige fiscalización, inteligencia y voluntad política.