La educación paga el precio

La venta de plazas de trabajo y de diplomas falsos en el Ministerio de Educación no es una irregularidad administrativa más. Si la investigación confirma los hechos, se habrá permitido que el dinero y el engaño pesen más que la preparación para ocupar un puesto del que depende la formación de miles de estudiantes. La primera consecuencia se mide en las oportunidades arrebatadas a quienes estudiaron y aspiran a enseñar por mérito propio. La más grave se ve en las aulas: estudiantes puestos bajo la responsabilidad de personas cuya formación debe ser comprobada. Cada nombramiento irregular destruye la confianza en el sistema y debilita el valor de los títulos legítimos. La educación pública no puede cargar con ese daño. El Meduca tiene que colaborar plenamente en la Investigación, revisar sus controles y explicar cómo pudieron abrirse paso estas presuntas maniobras en los nombramientos. No basta con identificar a quienes habrían falsificado documentos o pagado por una plaza. También hay que establecer quién recibió esos papeles, quién los validó y qué falló en la institución. Si hubo complicidad o negligencia, debe quedar expuesta. Un puesto docente no puede venderse como un favor ni acreditarse con un diploma falso. Cada vacío en los controles termina alcanzando a los alumnos, que tienen derecho a aprender con educadores debidamente preparados. La investigación debe llegar hasta el final. Y el Meduca debe cerrar las brechas que hicieron posible esta presunta red. La cifra de detenciones y el carácter presunto de los hechos corresponden a la información publicada sobre la audiencia y a los comunicados de las autoridades.