Listas grises y soberanía

Las listas discriminatorias, en muchos casos instrumentos más políticos que técnicos, no siempre escapan a los intereses de quienes las imponen, sobre todo cuando provienen de países que exigen estándares rigurosos a otras jurisdicciones mientras mantienen inconsistencias dentro de sus propios sistemas. Esto no exime al Estado panameño de sus responsabilidades. Por el contrario, exige fortalecer las normas, modernizar las estructuras financieras y fiscales, mejorar la transparencia y demostrar resultados verificables contra los delitos financieros. Ciertamente, no basta con aprobar leyes, como señala el GAFI sobre Panamá: es indispensable garantizar que se apliquen eficazmente. Sin embargo, Panamá debe evitar que estas exigencias se conviertan en una carrera interminable de condiciones adicionales. Bajo el argumento de la supervisión técnica, las reglas pueden transformarse en mecanismos de presión que reproducen relaciones desiguales entre países. Cumplir estándares internacionales no debería significar aceptar criterios arbitrarios ni renunciar a la capacidad de definir políticas propias. Nuestra respuesta debe fortalecer las instituciones nacionales, aplicar las normas con rigor y exigir coherencia a quienes evalúan. Panamá necesita demostrar que su sistema financiero es transparente, confiable y eficaz, pero también reclamar evaluaciones objetivas, proporcionales y equitativas. No se trata de apelar a la soberanía para evitar la supervisión internacional, sino de participar en ella con instituciones sólidas, argumentos técnicos y autonomía. Se trata de cumplir las obligaciones internacionales sin permitir que eso se convierta en subordinación.