La justicia sin excepciones

La aprehensión de Enrique Lau Cortés vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que Panamá no puede seguir esquivando. El exdirector de la Caja de Seguro Social es investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, mientras su defensa cuestiona la cuantía divulgada sobre la posible lesión patrimonial. Serán los tribunales los que determinen responsabilidades, con respeto absoluto a la presunción de inocencia y al debido proceso. El caso, sin embargo, trasciende a una persona. Durante los últimos meses se han conocido auditorías, secuestros de bienes, investigaciones patrimoniales y procesos relacionados con funcionarios de distintas instituciones. Que el Ministerio Público investigue cuando existen elementos que lo justifican no solo forma parte de sus atribuciones, sino que es indispensable para recuperar confianza en instituciones golpeadas durante años por la sospecha. Como ya hemos señalado en este espacio, el compás de la justicia debe abrirse con amplitud. No para convertir cada denuncia en una condena anticipada, sino para que toda duda razonable sobre el manejo de fondos públicos encuentre una respuesta institucional. Eso exige mirar hacia atrás cuando corresponda, pero también mantener los mismos controles sobre quienes hoy administran el Estado al día de hoy. La fiscalización no puede depender del calendario político ni del estruendo mediático que produzca un caso. El país necesita investigaciones y auditorias serias, expedientes bien sustentados y decisiones que resistan el escrutinio público. Esa es la medida que importa. No cuántos nombres aparecen en una operación, sino la capacidad del sistema para demostrar que, cuando existen razones para investigar, la ley alcanza a todos con el mismo rigor.