Los movimientos opacos
en la Asamblea

La Asamblea Nacional vuelve a mover su planilla mientras recibe más recursos. En 2026, el Legislativo ha acumulado $155,8 millones entre el presupuesto aprobado y los traslados de partidas autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. De ese total, $57 millones corresponden a recursos adicionales aprobados durante el año. La cifra obliga a mirar con atención qué ocurre puertas adentro. Desde el inicio del actual periodo legislativo se han registrado entradas, salidas y cambios de condición entre funcionarios. Hubo ceses, nuevas contrataciones y movimientos administrativos que todavía no han sido explicados con suficiente detalle. No se trata de cuestionar la facultad de una nueva directiva para reorganizar personal. Se trata de exigir que cada modificación tenga una justificación pública y que cada salario pueda vincularse a una función real. La planilla de la Asamblea supera los $7 millones mensuales. En agosto ingresaron 456 nuevos funcionarios, la mayoría eventuales. Al mismo tiempo, continúan las dudas sobre el personal adscrito a los despachos y sobre los mecanismos de control de asistencia. El problema no está en cambiar nombres, sino en cambiar nombres sin rendir cuentas. Cuando una institución que legisla y fiscaliza maneja semejantes recursos, la transparencia no puede depender de filtraciones, plataformas externas o solicitudes insistentes de información. La Asamblea tiene derecho a reorganizarse. Lo que no tiene es margen para hacerlo en la opacidad. Antes de pedir más dinero, debe explicar quién trabaja allí, para qué fue contratado y cuánto cuesta realmente sostener esa estructura con dinero de todos.