‘El gobierno colombiano está autorreduciendo sus márgenes de autonomía’ frente a Estados Unidos

“El mismo gobierno está autorreduciéndose sus márgenes de autonomía”. Con esta advertencia, Sandra Borda, politóloga colombiana, especialista en relaciones internacionales y profesora asociada de la Universidad de los Andes, cuestiona el alineamiento de la administración de Abelardo de la Espriella con Estados Unidos. A su juicio, Colombia está tomando decisiones de política exterior que ni siquiera Washington le ha solicitado, con el propósito de demostrar cercanía con Donald Trump, sin recibir hasta ahora beneficios concretos equivalentes para su estrategia de seguridad.

A casi dos meses de asumir el poder, De la Espriella ha marcado distancia con el gobierno de Gustavo Petro mediante el cierre de los diálogos con grupos armados, una apuesta por la mano dura y el acercamiento a Washington. Sin embargo, Borda distingue las demostraciones públicas de autoridad de los resultados: sostiene que todavía faltan cifras contundentes para afirmar que la seguridad ha mejorado. También advierte que la búsqueda de respaldo estadounidense está acompañada de decisiones en las que, según su análisis, las afinidades ideológicas adquieren un peso creciente.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Borda examina los alcances de esa relación con Estados Unidos, los riesgos de las ofensivas militares y el balance de la “paz total” de Petro. La conversación aborda, además, las presiones del ajuste fiscal, la respuesta al terremoto y las perspectivas del vínculo con Panamá, donde recomienda prestar atención a un eventual desplazamiento de las organizaciones criminales hacia la frontera del Darién.

Lo definiría como una persona de derecha, muy al extremo, incluso más a la derecha que el Centro Democrático, que tradicionalmente fue el partido de derecha en Colombia. Su forma de operar tiene rasgos populistas y está en la línea de otras derechas populistas de la región, empezando por Trump. Hasta ahora no ha tenido rasgos antiinstitucionalistas, pero está muy concentrado en cultivar la figura de un líder un poco mesiánico, que lo resuelve todo.

Cambió lo que podía cambiarse más fácil y rápidamente: se acabaron los diálogos de paz con los grupos guerrilleros y las organizaciones criminales. Ahora intentan una ofensiva dura, pero todavía no podemos hablar de grandes resultados. No sabemos en qué se ha traducido en las ciudades ni en otros espacios del país. Por ahora tenemos mucha estrategia mediática, pero no cifras contundentes que permitan decir que la situación de seguridad ha mejorado.

No creo. Allí no hubo combates entre las Fuerzas Armadas y esas organizaciones. Hubo un paro armado que propició la propia organización criminal y que ella misma decidió terminar dos días después. Fue un ejercicio para mostrarle músculo al gobierno. El paro no se acabó gracias a una intervención gubernamental, sino porque la organización decidió levantarlo. Por eso no puede presentarse como una oportunidad en la que el gobierno ganó en materia de seguridad.

Quiere transmitir que el Ejecutivo y las instituciones que preside son fuertes y tienen la decisión de combatir a los grupos ilegales. Hay mucha gente que aprecia ese mensaje después de cuatro años de una política que considera de concesiones y poca decisión contra esas organizaciones. Personalmente, no estoy de acuerdo: que el presidente salga con un revólver al cinto me parece altamente desinstitucionalizador. Pero reconozco que esa simbología le da tranquilidad a quienes sienten que ahora hay alguien al mando.

Sí, sin duda. Ese es el gran riesgo de las políticas de mano dura: cuando producen resultados, la opinión pública puede estar más dispuesta a mirar hacia otro lado frente a los abusos. Pero hay una diferencia con la época de Uribe. De la Espriella enfrenta una oposición de izquierda grande, vinculada con organizaciones defensoras de derechos humanos, que puede imponerle un costo político alto. Eso crea incentivos para que el gobierno sea más cuidadoso.

Sabemos de memoria que acabar con los cabecillas crea un espacio para que llegue otro y los sustituya. Las organizaciones conocen ese modo de operar y suelen tener listo al sucesor. Se necesitan dos líneas adicionales: llevar el Estado a los territorios, con educación, servicios y, sobre todo, justicia; y ofrecer alternativas legales de supervivencia. No significa que la gente vaya a ganar lo mismo que en una actividad ilegal, sino que tenga otras opciones. Sin esas políticas, los golpes militares tienen posibilidades limitadas de erradicar esas organizaciones.

Creo que existe un consenso en los estudios sobre el fortalecimiento de las organizaciones criminales durante ese gobierno. No digo que necesariamente haya ocurrido como consecuencia de la paz total, pero la negociación no se combinó con presión militar. Las negociaciones siempre tienen algo de zanahoria y algo de garrote. La ofensiva militar disminuyó, la relación con los militares fue mala y la autoridad del Estado perdió espacio. Terminamos con una situación de seguridad muy complicada que exige un esfuerzo grande.

Tenemos muchos grupos, algunos con agendas políticas y otros sin ellas. Incluso organizaciones como el ELN están tan involucradas en negocios ilegales que su agenda política se ha desdibujado. Los grupos guerrilleros tuvieron suficientes oportunidades en mesas de negociación generosas. Creo que llegó el momento de enviar el mensaje de que esa ventana se cerró y de reducir paulatinamente las oportunidades para la ilegalidad. El gran problema es que sigue siendo muy buen negocio dedicarse a esas actividades.

Es uno de los puntos más complicados. El gobierno anterior dejó un déficit fiscal muy grande y la actual administración busca recursos para sanear las cuentas. Entiende que reducir las políticas sociales provocaría una oposición durísima y afectaría su capacidad de gobernar. Por eso busca recursos afuera. Pero las condiciones de ajuste fiscal del Fondo pueden traerle problemas: la izquierda está esperando una reducción del gasto social para movilizar a la gente y hacer oposición.

Fue su primera prueba de fuego y, con algunos lunares, salió bien librado. El presidente entendió la importancia de estar presente en los lugares afectados y crearon un fondo para la recuperación. Persisten preguntas sobre la lentitud de la reconstrucción. También fue cuestionable el criterio ideológico aplicado a la ayuda internacional: recibir la de Estados Unidos e Israel y rechazar la de México dejó la impresión de que las lealtades políticas estaban por encima de las necesidades de la gente.

Muy poquito, porque el gobierno no tiene como objetivo mantenerlo ni ampliarlo. Está reduciendo sus propios márgenes y tomando decisiones que ni Washington le pide, para demostrar alineamiento. Lo que más le interesa es obtener respaldo estadounidense para su estrategia de seguridad. Sin embargo, hasta el momento veo declaraciones y espaldarazos públicos, pero no beneficios concretos equivalentes para Colombia. Las promesas de recursos también dependen de aprobaciones en el Congreso estadounidense.

Con la migración por el Darién más contenida, habrá espacio para hablar de comercio. Pero no perdería de vista que estas estrategias de seguridad suelen desplazar el conflicto hacia las fronteras. Ocurrió durante el gobierno de Uribe y produjo problemas con países vecinos. Por la proliferación de grupos ilegales en la zona del Darién, estaría atenta a cómo se traduce allí la intensificación de la fuerza y a los acuerdos bilaterales que permitan mantener la seguridad.