La niñez no admite improvisaciones

Las denuncias de abusos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen no es un tema nuevo. No es un hecho aislado ni una anomalía repentina. Es la reiteración de una falla estructural que el Estado ha preferido atender tarde, y solo cuando el escándalo lo obliga. Las denuncias, las alertas y los informes han estado ahí. Lo que ha faltado es control permanente, supervisión real y capacidad de respuesta antes de que el daño ocurra. El sistema que debería proteger a los niños vuelve a mostrarse reactivo, desarticulado y sin herramientas suficientes para sostener sus propias responsabilidades. Estos infantes no están ahí por elección. Están bajo custodia estatal porque fueron abandonados, violentados o privados de un entorno familiar seguro. Por eso, cada falla en un albergue no es un error administrativo: es una fractura ética. Cuando el Estado no controla de forma permanente los espacios donde resguarda a la niñez, la desprotección se convierte en política por omisión. No basta con reaccionar cuando estallan las denuncias ni con anunciar medidas urgentes. La protección de la niñez exige presencia constante, supervisión rigurosa, personal capacitado y una estructura que funcione antes de que el daño ocurra, no después. Cada día sin control es un día de riesgo para quienes no pueden defenderse ni alzar la voz