Nuevo testimonio se suma a la denuncia de abusos en el albergue de Tocumen

  • 10/02/2026 00:00
Un relato presentado ante el Ministerio Público confirma las presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen, denunciadas por la diputada Alexandra Brenes. En paralelo, la junta directiva de la Senniaf anunció la adopción de medidas de protección para los menores

Mientras que una nueva entrevista ante el Ministerio Público amplía y coincide con las supuestas anomalías denunciadas por la diputada Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, de abusos y negligencias contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, ayer se efectuó una reunión en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) donde se anunciaron acciones, mientras que la Procuradoría de la Nación comunicó medidas de protección.

El testimonio correspondería a una víctima que afirmó haber sido testigo de abusos sexuales y confirmó la existencia de un cuarto de castigo, donde serían confinados los menores que, a juicio de los cuidadores, no mantienen una conducta adecuada dentro del albergue.

Según el relato, los menores ingresan a ese dormitorio únicamente en ropa interior, como medida para impedir intentos de fuga, y permanecen aislados durante períodos prolongados. En algunos casos, el encierro se habría extendido hasta por dos meses, sin acceso regular a comida, obligados a realizar allí sus necesidades fisiológicas y sometidos a maltratos físicos.

Entre los puntos más relevantes del relato del pasado viernes, tras más de dos horas de declaración ante el Ministerio Público y al que tuvo acceso este diario, se detalla que en algunas ocasiones el CAI permitió la permanencia de personas que ya habían alcanzado la mayoría de edad junto a menores. Esta situación fue corroborada durante una inspección realizada la semana pasada, en la que participaron la diputada Brenes y personal de la Senniaf. El Ministerio Público, a su vez, reafirmó que en los mismos espacios o casitas donde viven los menores también residen los cuidadores, lo que está prohibido según las normativas.

En tanto, tras la reunión “extraordinaria” de la directiva del Senniaf, realizada ayer y que lidera Beatriz Carles, ministra de Desarrollo Social, se concluyó efectuar una inspección técnica inmediata al sitio, transferir a los adultos y personas con discapacidad a otras instituciones, la supervisión institucional y la evaluación administrativa del Senniaf mediante un equipo interdisciplinario que acudirá este martes a las instalaciones, cita un comunicado

La Procuraduría General de la Nación, por su parte, ordenó prohibir a los indiciados a acercarse al CAI de Tocumen, que se cometan actos de violencia directa o indirecta a lo interno, así como protección a las víctimas, a la par que se encuentra gestionando entrevistas al personal a cargo del cuidado de los menores.

“Tibias medidas”

Las medidas adoptadas por el Estado a través de la Senniaf son “tibias”, a juicio de Brenes. “Estamos ante un crímen cometido por el Estado”, dijo desde su curul en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional.

El hecho de no separar a la directora del Senniaf, Ana Fábrega “es indignante”, mientras avanza la investigación, toda vez que se pueden ocultar las evidencias.

“Mientras niños sufren maltratos, permanecen encerrados en un ‘cuartito de reflexión’ como medida de castigo y se denuncian abusos sexuales derivados de la convivencia entre mayores y menores de edad, el Gobierno mantiene otras prioridades, como la construcción de un hospital para mascotas, la adquisición de aviones Super Tucano, una villa diplomática y la remodelación de fachadas de distintos ministerios”, señaló Brenes.

Asimismo, cuestionó: “Señor Presidente, ¿cuánto vale la vida de un niño o una niña en esos albergues donde ya fallaron tanto la familia como el Estado, permitiendo la comisión de delitos atroces?”.

La denuncia

La denuncia penal de la diputada Brenes, a la que obtuvo acceso La Estrella de Panamá solicita que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con maltrato, abuso sexual, omisión de funciones y abuso de autoridad; y pide la separación temporal de la directora del Senniaf Ana Fábrega, para preservar evidencias durante la investigación.

Según el documento, en el albergue de Tocumen conviven 35 personas: 23 menores de edad, un bebé de tres meses y 12 adultos, de los cuales 21 tienen discapacidad.

El centro mantiene instalaciones deterioradas con techo desprendido, ventanas rotas, habitaciones sin abanicos, con colchones en estado deplorable, y baños con inodoros y lavamanos inhabilitados.

En el documento se precisa que desde septiembre de 2024 se tuvo conocimiento de irregularidades y abusos dentro del CAI de Tocumen sin que tomaran medidas correctivas.

Por ejemplo, correos electrónicos dirigidos a Ana Fábrega y otros funcionarios que detallan la existencia de tres menores de edad contagiados con tuberculosis sin contar con el aislamiento necesario.

Estos correos eran remitidos por César Pérez, psicólogo del Senniaf que tras la denuncia fue destituido por “falta de confianza”.

Otra comunicación de 2025, también dirigida a Fábrega, según la denuncia, alerta la existencia de población adulta con discapacidad “con situaciónde acoso sexual, chicas embarazadas, niños pequeños y una bebé que requieren mucha atención y cuidados” en los que pide el “traslado urgente” de los adultos para evitar el acoso.

Actos sexuales entre personas con discapacidad, así como el reporte de una trabajadora del Hospital Nicolás A. Solano que indica que una joven fue ingresada por auto lesionarse y que manifestó que “las cuidadoras la desnudan y le introducen los dedos en su área genital”, por mencionar algunos ejemplos.

La diputada Brenes detalló a este medio que como presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional se comprometió en hacer giras a los albergues para dar seguimiento a las denuncias de irregularidades y abusos sexuales de 2021 en estos albergues y de 48 albergues solo les aprobaron visitar la mitad.

En esta ocasión de los hechos del CAI de Tocumen fue la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia la que alertó de las supuestas anomalías.

Ante estos nuevos hallazgos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) manifestó su preocupación por el bienestar y la integridad de los niños y adolescentes afectados.

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