La transparencia pendiente de la Asamblea

La Asamblea Nacional vuelve a colocar su planilla bajo escrutinio público. Los ceses de funcionarios ocurridos tras el cambio de directiva podrían sugerir una reducción del aparato administrativo, pero los registros disponibles muestran un movimiento distinto: desde julio ingresaron 456 personas, 420 eventuales y 36 permanentes, con un costo mensual de $676,679. La cifra merece algo más que explicaciones administrativas. La institución destina alrededor de $8 millones mensuales a salarios y acumula 1,475 asistentes administrativos, después de sumar 300 en el último mes. No basta con publicar nombres y cargos genéricos. La ciudadanía tiene derecho a conocer dónde trabaja ese personal, qué funciones desempeña y bajo qué criterios fue contratado. La presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, prometió al asumir el cargo una gestión basada en la transparencia, la fiscalización y el cuidado de los fondos. Esa promesa contrasta con una página institucional que solo permite consultar a los funcionarios permanentes y excluye a los eventuales. Tampoco se ha actualizado el reporte por despacho publicado por la Contraloría en abril de 2025. El problema no consiste únicamente en el aumento de la nómina. También está en la costumbre de convertir cada relevo político en una nueva distribución de puestos, sin que cambie la estructura ni mejore la rendición de cuentas. La Asamblea está obligada a publicar la planilla completa, explicar cada incorporación y responder las preguntas pendientes. La transparencia no puede limitarse al discurso inaugural. Debe poder comprobarse en cada contrato, cada función y cada balboa pagado por el Estado.