Las amenazas son inaceptables

En un Estado de derecho, las amenazas no son una herramienta legítima de participación política. Las recientes declaraciones del dirigente del Suntracs, Diógenes Espinoza —quien advirtió de que se tomarán las oficinas públicas en Bocas del Toro si el Gobierno no deroga la Ley 462 en un plazo de 24 horas— constituyen una afrenta directa al orden democrático, al respeto institucional y a la ciudadanía panameña. La libertad de expresión y el derecho a la protesta son pilares fundamentales de toda democracia saludable. Sin embargo, no deben confundirse con la coacción. Amenazar con la toma de instalaciones públicas, que pertenecen a todos los ciudadanos, no solo vulnera la legalidad, sino que erosiona los puentes de diálogo que tanto se requieren en momentos de tensión social. Convertir el desacuerdo político en una amenaza de facto es sustituir el debate por el chantaje. El sindicalismo ha sido históricamente una herramienta poderosa en la lucha por los derechos laborales. No obstante, cuando sus líderes utilizan el poder de convocatoria para alimentar la confrontación, en vez de construir consensos, traicionan el legado de justicia social que dicen representar. Si verdaderamente se busca el bienestar colectivo, no se puede pisotear el principio de legalidad en nombre de causas legítimas. Las amenazas no pueden ser el lenguaje que domine el país, venga del gobierno, manifestantes o cualquier otro actor en la sociedad. Panamá no debe tolerar la extorsión disfrazada de bandera política.