Separación de poderes

La fortaleza de la democracia panameña reside en el respeto absoluto a las facultades de sus instituciones. Los hechos recientes, en los que una diligencia del Ministerio Público relacionada con la investigación por enriquecimiento injustificado al exvicepresidente José Gabriel Carrizo fue interrumpida, sitúan en el centro del debate nacional la importancia de la separación de poderes. La Contraloría General ha manifestado que su intervención respondió a una preocupación por las condiciones de sus auditores. Sin embargo, en el marco de una investigación penal, el rigor procesal es inflexible. Como han señalado diversos gremios jurídicos y organizaciones civiles, la autonomía de la fiscalía para conducir sus actos de investigación es un principio constitucional que no admite tutelajes. Cualquier interferencia, independientemente de su motivación, pone en riesgo la integridad de las pruebas y el debido proceso. Panamá requiere de una institucionalidad robusta, donde la colaboración técnica no colisione con la independencia judicial. La transparencia y el orden legal son los únicos garantes de la paz social y del clima de confianza necesario para el desarrollo del país. Es imperativo que se deslinden responsabilidades y se asegure que el Ministerio Público pueda concluir sus pesquisas sin contratiempos, garantizando que la justicia prevalezca con objetividad y sin excepciones.